Cuando se sabía ya presidente porque no había encuesta que no pronosticase la holgada mayoría absoluta que obtuvo el PP, el entonces candidato, Mariano Rajoy, prometió escribir «una nueva página de la historia de España». Y hay que reconocer que lo ha logrado. Porque en su haber quedará para siempre la aprobación de un hachazo al Estado del bienestar sin precedentes y el récord de enfrentarse a una huelga general cuando llevaba solo tres meses en la Moncloa.

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Información publicada en la página 4 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 04 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Con la fuerza que da un rodillo con 186 diputados y, hasta hace bien poco, con la colaboración de CiU, el Gobierno ha aprobado un conjunto de «reformas» que ha resumido en un documento de 55 páginas elaborado por el Ministerio de la Presidencia. Obvia decir que en este exhaustivo resumen no aparecen dos de los conceptos que, por contra, más se comentan en la calle: «recortes» y «rescate».

Rajoy accedió al poder con una prima de riesgo situada en los 350 puntos y se comprometió a «romper» con esa escalada porque de seguir con la línea ascendente iniciada hace un año se provocaría, según sus palabras, «desconfianza dentro y fuera» de España. Esta semana, la prima ha llegado a superar los 600. En todo caso, a pesar del descriptible resultado obtenido hasta el momento, la batalla por frenar la prima y los ataques especulativos de los mercados sin rostro han marcado la estrategia del Gobierno, aunque algunas tácticas se hayan demostrado contraproducentes. La primera, dilatar la aprobación de los Presupuestos hasta después de las andaluzas. El PP calculó mal, puesto que esta vez las encuestas se equivocaron y el último bastión socialista no cayó.

La Comisión Europea todavía hoy no entiende por qué Rajoy desatendió sus exigencias para que presentase las cuentas y presentarse las «reformas» para reducir el déficit. Bruselas interpretó el silencio como la máxima unamuniana de que a veces el silencio es la peor mentira. Y de ahí que ya entonces la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, tuviese que salir a proclamar que «la credibilidad de España» no estaba en peligro. Fue la primera vez, pero no la última, en la que el Gobierno ha reclamado confianza.

Del dicho al hecho

El etéreo programa electoral titulado Lo que España necesita se ha tornado en un duro conjunto de medidas que van desde la subida de impuestos a la rebaja del sueldo de los funcionarios. Porque lo que durante la campaña era «modernizar el IRPF» se ha traducido en una subida entre el 0,7% y el 7%. Y, en el caso del tijeretazo a las nóminas de los trabajadores públicos, lo que era una decisión «profundamente injusta» cuando quien la aprobó, en el 2010, fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora se trata de una medida «excepcional dadas las circunstancias de la economía».

Algo parecido ha pasado con la subida del IVA, que ha pasado de calificarla como «el sablazo del mal gobernante» (Rajoy dixit) a justificarla por el alto déficit y a aumentar el tipo general del 18 al 21%, y del 8 al 10% el reducido. El alza del IVA, junto a otras 34 medidas, forman parte del paquete de ajustes adoptados para ahorrar 65.000 millones.

La lucha contra el déficit, estatal y autonómico, se ha convertido en el gran quebradero de cabeza del Ejecutivo. Y no hay para menos. A falta de un vicepresidente económico con algo más de mano izquierda que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el Gobierno intenta poner en vereda a las comunidades. El Ejecutivo reconoció que el desfase de dos puntos en el déficit previsto que el PSOE le dejó como herencia envenenada se debe en gran medida al gasto de las autonomías (la mayoría controladas por el Partido Popular).

Rajoy inició el mandato con la pátina de moderación que en Madrid siempre da contar con el voto de confianza del nacionalismo catalán. Aunque CiU no le brindó su apoyo en la investidura, sí estuvo de su lado en la aprobación de medidas tan destacadas como la reforma laboral, la amnistía fiscal y la ley de estabilidad presupuestaria. Pero la mano tendida de la federación no ha enternecido en nada al Gobierno central, que ni presupuestó una mínima partida de la adicional tercera ni tiene intención alguna de atender la petición estrella del Ejecutivo de Artur Mas: el pacto fiscal. «La prioridad, lo necesario, lo imprescindible y lo que tenemos que hacer es ir todos en la misma dirección. Todo lo demás no tiene mucho sentido», respondió ayer Rajoy cuando se le preguntó por la propuesta aprobada hace una semana en el Parlament.

Guiño conservador

En el ámbito social, los recortes han afectado a la ley de la dependencia, que el PSOE ya aprobó con mucha pompa y poco presupuesto. Además, se ha acabado implantado el copago sanitario. Pero la medida que más controversia ha creado, y eso que aún no se ha debatido, es la reforma del aborto que abandera el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Rajoy prometió una reforma, pero no dijo nada de excluir la malformación como causa de interrupción del embarazo. El anuncio ha sido aplaudido por las organizaciones más conservadores, pero cuestionado, según las encuestas, por la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos votantes del PP. Los sondeos también apuntan que de celebrarse ahora las elecciones, Rajoy perdería la mayoría absoluta, aunque el PSOE no capitalizaría su desgaste. Claro que la estrategia socialista merecería un balance aparte.