Ocho jefes de la ACA tramitaron y validaron los contratos irregulares

Todos los controles aparentemente fallaron en la adjudicación y el pago de los estudios encargados por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a una unión temporal de empresas (UTE) representada por un exgerente de la agencia y actual presidente de Infraestructures de la Generalitat (antigua GISA), Josep Lluís Quer, y que han acabado en varias denuncias a la fiscalía.

En este sentido, el informe de la Intervenció General de la Generalitat, dependiente de la Conselleria d'Economia, señala con nombres y apellidos a ocho directivos o jefes de la ACA, encabezados por el que en el 2008 era el director general de la entidad, Manuel Hernández Carreras, que intervinieron en la supuesta tramitación irregular de los expedientes de contratación de servicios de asesoría por 7,9 millones de euros a la citada UTE.

La Fiscalía Superior de Catalunya remitió la semana pasada a la Fiscalía Provincial de Barcelona la denuncia por presunta malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencia y revelación de secretos presentada por la Generalitat y que va acompañada de una serie de dictámenes sobre las supuestas irregularidades. La Sindicatura de Comptes también ha entregado un informe que corrobora las anomalías. En un principio, las personas que podrían estar implicadas en el caso no tienen la condición de aforados y, por lo tanto, la institución competente para decidir si se abre o no una investigación es la Fiscalía Provincial de Barcelona, que resolverá en breve.

INFORME DETALLADO / En el informe redactado por la Intervenció General el 14 de junio del 2013, que está en manos de la fiscalía, no solo se detallan cada una de las supuestas irregularidades durante el Gobierno tripartito en la licitación, la adjudicación y la contratación de estudios y trabajos para la elaboración de un programa de la cuenca fluvial, sino también especifica las personas que intervinieron, con menor o mayor responsabilidad, en la tramitación.

El primero que aparece es el que fuera director de la ACA en esa época, Manuel Hernández Carreras, que firmó la resolución de la adjudicación el 15 de enero del 2008, el contrato principal, los expedientes de servicios complementarios, la resolución de aprobación del encargo de cada actuación de la UTE, la aprobación del pliego técnico  y el visto bueno de los gastos.

Por lo que se refiere a la validación de los contratos, tanto del principal, por importe de 3,7 millones, como de los complementarios, otros 3,9 millones, y que supone la aceptación del trabajo entregado por la UTE, la Intervenció apunta a dos personas: al que era jefe de planificación de abastecimiento de agua y al coordinador de áreas. También identifica a un tercer empleado, aunque este administrativo sí que anuló cuatro certificaciones por 178.033 euros. La validación de los contratos es un paso previo a la autorización de pago por parte de la ACA.

La Intervenció sostiene que, previo a la validación al sistema informático, constan en cada uno de los expedientes administrativos dos documentos, que suponen la aceptación y validación de la ejecución de los trabajos: el acta de recepción de consultoría y asistencia y la propuesta de liquidación del contrato. Los  documentos están firmados siempre por el que era director del área de gestión del medio y otros técnicos del departamentos. En total, participaron ocho personas.

La Generalitat también identifica a otros cuatro directivos o jefes de la ACA como responsables de la autorización de los pagos. Sin embargo, en este aspecto, la Intervenció modificó sus conclusiones iniciales, en base a las alegaciones de la ACA, e indica claramente que la comprobación previa a la autorización del pago se limita a una revisión formal de la factura, sin que esta labor suponga la validación de la correcta prestación de los servicios contratados.

SOLO UNA FIRMA / Respecto a la UTE adjudicataria, el informe destaca que tanto el contrato de febrero del 2008, como los 38 complementarios, los firmó el representante legal de ese grupo de empresas, Joan Lluís Quer, que la semana pasada negó rotundamente a este diario que se hubieran cometido irregularidades en la realización de los trabajos.

El dictamen oficial puntualiza que a pesar de que Quer fue gerente de la ACA (2000-2004) no incumplió las incompatibilidades en materia de contratación. Pero sí que desvela lo que considera pagos indebidos en relación a diferentes contratos.