«Significa que mis hijas, de siete años y de 40 días, en el futuro comerán aire limpio». Josué Peluso respira cinismo. Tiene 43 años y lleva 13 como metalúrgico, trabajando en el Ilva, la mayor planta de fabricación de acero de Europa. En el continente se confeccionan coches, lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos y aparatos industriales con los laminados que salen del «monstruo», como le llaman. Se encuentra en Taranto, en la bota de Italia. Produce 10 millones de toneladas de acero al año.

Conflicto 8 Tres policías vigilan los juzgados donde se discute el cierre de Ilva, en Taranto. AFP / DONATO FASANO

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Información publicada en la página 21 de la sección de Economía de la edición impresa del día 08 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El pasado 26 de julio la magistratura ordenó cerrar seis de los ocho altos hornos de la fábrica, que emplea 11.000 personas, 20.000 con las de las industrias auxiliares. En la práctica, cerrar el gigantesco complejo implica 20.000 parados de golpe, una ciudad muerta, el fin de una historia que nació en 1961 tras arrasar 20.000 olivos y caseríos de la zona. Al saber la noticia, los 11.000 casi al completo bloquearon carreteras, autopistas, trenes y puentes. A ellos se unieron sus familias, expresando una rabia nunca vista en Italia. «Prefiero morir de cáncer que de hambre», gritaban casi todos, planteando un problema social inédito.

El secuestro judicial es por los 30 muertos al año que producen los venenos que emiten las chimeneas de 40 metros de altura de la instalación, que suponen 33.000 toneladas de productos nocivos, el 93% de todas las emisiones de Italia. Son humos de color rojizo, que se propagan por toda la ciudad y entran en las casas. Provocan leucemias, tumores de pulmón, de vejiga y dioxinas que han sido halladas en la leche de las mujeres, en las ovejas y en las vacas que mueren en la zona, en una proporción que supera tres veces el límite máximo legal. La acusación es por desastre fraudulento, omisión de cautelas, envenenamiento de alimentos, contaminación atmosférica, daño grave a bienes públicos y derrame de substancias peligrosas. La fiscalía ha dado la orden de investigar 174 muertos de los 386 atribuibles a las emisiones del monstruo y de analizar 237 casos actuales de cáncer, 247 patologías coronarias y 937 enfermos de las vías respiratorias. Pero a la mayoría de los 11.000 y sus familias parece no importarles.

Operación compleja

Ilva sigue produciendo, a la espera de que Gobierno y propietarios lleguen a un acuerdo sobre el colosal saneamiento y también porque apagar un alto horno es complejo. Supone un coste de 200 millones de euros, el riesgo de que explote y la operación requiere más de medio año para apagarlo y volverlo a encender.

La orden de cierre ha provocado la ruptura de los esquemas habituales de análisis. La mayoría de los obreros están con los empresarios, los sindicatos mayoritarios defienden que la industria siga produciendo, los ciudadanos están contra la magistratura, defendida por los ambientalistas y el Gobierno pide la reapertura del monstruo, poniendo sobre la mesa 336 millones para un saneamiento ambiental de la zona. En el orden de arresto, la fiscal Patrizia Todisco afirma que «se imponía una inmediata adopción del secuestro preventivo en nombre del deber de tutelar unos bienes constitucionales como la salud y la vida humana».