La mayoría del Constitucional tumba otro recurso y avala la reforma laboral

Dos años y medio después de la entrada en vigor de la polémica reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la ley ha recibido un nuevo aval jurídico. El Tribunal Constitucional ha fallado finalmente, tal como se preveía, en contra del recurso presentado por el Parlamento de Navarra a una de las novedades más controvertidas introducidas por el Gabinete de Mariano Rajoy. Un fallo aprobado gracias al rodillo que supone la amplia mayoría conservadora avala el nuevo contrato de emprendedores con un periodo de prueba de un año en el que la empresa puede rescindir la relación laboral sin coste alguno.

Se trata del segundo pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de aspectos concretos de la reforma laboral en respuesta a los recursos planteados por juzgados y varios partidos de izquierda y el Parlamento navarro. La decisión ha sido hoy adoptada por el pleno del Constitucional por una mayoría de 9 votos frente a 3 en contra de magistrados progresistas. Dos miembros del tribunal que sobre el papel también estaban adscritos al bloque de centro-izquierda se han alineado finalmente con la mayoría conservadora encabezada por el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

MAYORÍA CONSERVADORA / El presidente ha sido fiel a la posición que defendía incluso antes de tomar las riendas del Constitucional con artículos publicados en su condición de catedrático de Derecho del Trabajo junto a su discípulo Xavier Thibault, que posteriormente fue nombrado director general de Empleo con la ministra Fátima Báñez. Muchos de los planteamientos de Pérez de los Cobos y Thibault fueron incorporados en la reforma laboral que se empezó a aplicar en febrero del 2012.

La deliberación de la sentencia se inició el pasado 27 de mayo en respuesta a un recurso presentado por el Parlamento navarro en septiembre del 2012. El ponente del fallo, el conservador Andrés Ollero, ya advirtió en mayo que era partidario de rechazar el recurso, tal como avanzó este diario.

El Parlamento de Navarra alegó que el nuevo contrato de emprendedores contraviene la Constitución y el artículo 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al ir contra «la estabilidad del empleo» y la prohibición del «despido sin causa».

Por ello, el recurso advertía que la ampliación del periodo de prueba a un año es «desproporcionado» y enmascara la posibilidad de que el empresario pueda despedir a un empleado «sin necesidad de justificar su decisión».

A pesar de que la aprobación de esta modalidad de contrato fue una petición recurrente de la patronal CEOE, las empresas se han mostrado hasta ahora reticencentes a utilizarla como demuestra que en los dos primeros años de la norma solo se hayan suscrito 162.000 colocaciones con el nuevo formato.

DESCUELGUE DEL CONVENIO / El Alto Tribunal también tumba el resto de alegaciones de Navarra referidas al descuelgue del convenio colectivo, es decir, la posibilidad de que las empresas no apliquen aspectos concretos de los acuerdos en vigor como los aumentos salariales. Asimismo, el Constitucional avala la prevalencia de la aplicación de los convenidos de empresa por encima de los sectoriales.

El fallo supone un varapalo para los sindicatos después de dos huelgas generales contra la reforma y ha sido recibido con duras críticas por CCOO y UGT, que consideran que el Constitucional «avala la agresión» de la reforma laboral a los derechos de los trabajadores y a la negociación colectiva y permite retrotraerse a «la época franquista de las relaciones laborales».

OTRO RECURSO / Los sindicatos lamentan que se ratifique «la perdida de poder de la negociación colectiva como instrumento de regulación de las relaciones laborales frente al poder unilateral del empresario».

Este fallo del Constitucional no es el último capítulo judicial puesto que quedar por dilucidar el recurso presentado por el PSOE e Izquierda Plura. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su sustituo, Pedro Sánchez, insistieron ayer en que la primera medida de un Gobierno socialista será la derogación de la reforma.