La mayor privatización de Catalunya, al desagüe

Las cañerías por las que circulan las aguas de la mayor privatización de la historia llevada a cabo por la Generalitat exhalan hedor a ineficacia, negligencia y falta de transparencia. El Govern cuadró las cuentas del 2012 adjudicando y firmando la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) la última semana del año. El ganador fue un consorcio de empresas formado por Acciona y el banco brasiñelo BTG Pactual que pagó 1.000 millones de euros. Quedó fuera de juego el otro pujante, Agbar, que insatisfecho con la resolución del concurso público la recurrió en los tribunales y se enzarzó en una feroz guerra de demandas que ha derivado en la anulación del concurso anunciada ayer por el Govern.

Para el común de los mortales la jerga jurídica es inexplicable. Pero lo que resulta intolerable es que una operación de esta magnitud se vaya por el desagüe dejando comprometidas las finanzas de la Generalitat y ofreciendo una imagen deplorable ante los inversores.

Los intereses económicos, estratégicos y políticos que entraña la operación son elevados. ATLL gestiona el agua que se extrae de los ríos, la depura y la prepara para abastecer toda el área metropolitana de Barcelona. El agua llega a los hogares gestionada por una distribuidora que controla Agbar. De manera que el negocio se lo reparten dos operadores, el que gestiona el agua en alta (ATLL) y en baja (el que la hace llegar hasta el grifo, Agbar). De esto depende el precio del agua y su calidad, así como los ingresos de la Generalitat de Catalunya.

Las consecuencias de que se anule y se vuelva a adjudicar abren ahora un panorama incierto. Los 1.000 millones que se anotó la Generalitat en sus cuentas del 2012 son ficticios y se suman al déficit de 3.000 millones que se arrastra este año y a los 2.500 millones de euros de ingresos que la Generalitat no tiene para cuadrar los presupuestos del 2015. A esto hay que añadir las más que posibles demandas que puede presentar Acciona por daños y perjuicios si queda fuera del concurso.

Y para acabar de introducir inseguridad, si el Govern le adjudica la concesión a Agbar, Acciona podría iniciar un proceso judicial argumentando los mismos defectos que ha usado su rival.

Conclusión: el concurso no se ha podido hacer peor. Y las responsabilidades salpican al exconseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder; al actual, Santi Vila; al conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell; y a la presidencia de la Generalitat. Y es que en un contexto en el que los múltiples casos de corrupción vinculados a adjudicaciones públicas y concursos han golpeado a las administraciones de todos los colores, los políticos deberían ser exquisitamente rigurosos con la gestión pública.