CUENTAS PÚBLICAS

Mas-Colell se niega a aplicar un ajuste adicional de 1.318 millones

El 'conseller' de Economia afirma que "los ciudadanos no pueden ser las víctimas de interpretaciones y desacuerdos puramente contables"

El 'conseller' Andreu Mas-Colell.

El 'conseller' Andreu Mas-Colell.

AGUSTÍ SALA/ ROSA MARÍA SÁNCHEZ / BARCELONA / MADRID

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Cruce de cartas. El 'conseller' de Economia, Andreu Mas-Colell, ha remitido una carta al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la que se niega a aplicar un ajuste adicional de 1.318 millones en las cuentas del presente ejercicio.

En la misiva, en respuesta a otra de Hacienda en la que se exige a la Generalitat que presente antes del próximo domingo un reajuste de su plan económico y financiero para cumplir con el objetivo de déficit de 0,7% del PIB, Mas-Colell le recuerda que el Estado conocía al menos desde el 2007 y formalmente desde agosto del 2013 la existencia de un «desajuste contable» que atribuye a discrepancias entre el ministerio y la oficina estadística comunitaria, Eurostat.

«Los ciudadanos no pueden ser las víctimas de interpretaciones y desacuerdos puramente contables», agrega el 'conseller'. «Es evidente que, para compensar una anotación de significación estrictamente contable, no estamos en condiciones de reducir, en dos meses, gastos que afectan a servicios públicos esenciales», añade. Y recuerda que los 1.318 millones «representan el 40% de todo el gasto pendiente (incluídas las nóminas) de la Generalitat hasta finales de año».

Mas-Colell destaca que toda esta información «se transmitió formalmente a Hacienda y Economía» y en la misma se encontraba la relación de inversiones realizadas mediante la colaboración público-privada, que son las que han provocado estas diferencias. «Es sorprendente que dichos gastos pretendan imputarse al año 2015 y no cuando fueron realizados, o bien, como podría ser lógico, al año 2013», afirma.

CARRETERAS Y CÁRCELES

Los contratos de inversión que ahora son objeto de reclasificación contable afectan a cinco tramos de carreteras (bajo el modelo de concesión de peaje en la sombra) y tres centros penitenciarios. Son licitaciones producidas entre el 2003 y el 2008 (con el Govern tripartito) cuya ejecución finalizó entre el 2009 y el 2012. En concreto, los contratos se refieren a un tramo del eje viario del Llobregat (Sant Fruitós de Bages-Berga), así como al tramo entre Reus y Alcover y a otro entre Maçanet de la Selva y Platja d’Aro.

También se ha reclasificado la obra del Eix Transversal entre Cervera y Caldes de Malavella y los tramos del eje Diagonal entre Vilanova i la Geltrú , Vilafranca del Penedès, Igualada y Manresa. A la vez se han reclasificado contratos de derecho de superficie en los centros penitenciarios de Puig de les Basses, en Figueres, Mas d’Enric en El Catllar y Quatre Camins en La Roca.

El problema viene del hecho de que Catalunya tendrá que anotarse en el 2015 un <strong>déficit </strong>adicional de 1.318 millones con el que no contaba por estos contratos de los que Hacienda dijo no haber tenido conocimiento hasta este año.

DEL 2013 AL 2015

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) había optado por apuntar este mayor gasto con cargo al ejercicio 2013 (último año para el que no se habían cerrado los datos definitivos de contabilidad nacional, con independencia de los ejercicios en los que efectivamente se produjeron esas inversiones).

Sin embargo, Eurostat opina que resulta «más idóneo» imputar estos gastos al 2015 «ya que no ha sido hasta este año cuando las Administraciones Públicas responsables de los contratos han revelado su existencia a las autoridades estadísticas nacionales», según explicó Hacienda. En el mismo caso que Catalunya, con un déficit adicional, se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, al que también se ha requerido.