Cualquier organismo público estatal o autonómico, desde un ayuntamiento a un ministerio, pasando por una consejería o una empresa con más del 50% del capital público (incluidas las televisiones), puede empezar a despedir a sus trabajadores desde hoy con una indemnización de 20 días por año trabajado por el simple hecho de tener déficit y de que los créditos y transferencias hayan disminuido el 5% respecto del ejercicio anterior o del 7% en los dos últimos años. Los sindicatos han cuantificado en 840.000 trabajadores los posibles objetivos del reglamento que desarrolla la reforma laboral del PP.

Protesta de trabajadores de RTVV CANAL 9 contra el ERE. MIGUEL LORENZO

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Información publicada en la página 25 de la sección de Economía de la edición impresa del día 31 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El reglamento, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha empeorado la regulación del despido colectivo en el sector público que preveía la reforma. Incluso el borrador sometido a consulta de los sindicatos establecía un mayor porcentaje, el 10%, de pérdida de ingresos por transferencias y créditos. Con la rebaja a la mitad se relajan las condiciones para abrir un expediente de regulación de empleo (ERE) y se facilita el despido. Se considerará despido colectivo si el ERE afecta a 10 trabajadores de un ministerio, ente, organismo o consejería que tenga al menos 100 trabajadores, al 10% de estos organismos que ocupen entre 100 y 300 trabajadores o a 30 empleados si la plantilla tiene más de 300.

La medida no afecta a los que hayan accedido a una plaza por oposición, es decir, los funcionarios, pero sí al personal laboral. Estos son unos 840.000 según cálculos de UGT, de los que 140.000 pertenecen a las empresas públicas. Este sindicato ha denunciado el «ensañamiento» del Gobierno con el personal laboral porque además, no deja la posibilidad de negociar medidas de flexibilidad como la reducción de empleo o de jornada.

DESPILFARRO / El CSIF, que no secundará la huelga del 14 de noviembre al abrir el Ejecutivo una negociación para otros asuntos, también rechaza el reglamento porque, argumenta, las causas económicas del despido no dependen del mercado sino de una gestión eficaz y pueden tener origen en el despilfarro.

«Si un alcalde decide invertir la totalidad o una parte del presupuesto en una escultura o infraestructura sobrevalorada e ineficiente, no puede considerarse como una causa económica, sino como abuso de derecho o fraude», señala el sindicato.

La quiebra no declarada de muchos ayuntamientos y el déficit de las administraciones estatal y autonómicas presagian lo peor para un sector ya castigado por el desempleo. La EPA destacaba que se destruyeron 49.400 empleos públicos (19.600 temporales y 29.800 indefinidos) en los últimos tres meses.

Un ejemplo es el presupuesto de la Comunidad Valenciana para el 2013, presentado ayer, que se reducirá el 26%. En el mismo se recoge una partida de 17,09 millones para el aeropuerto de Castellón, obra faraónica del popular Carlos Fabra, en el que no aterrizan aviones. De ellos, 237.330 euros son para gastos de personal y 4.755.130 euros para gastos de funcionamiento.