Martinsa Fadesa propone a la banca canjear la deuda por el 70% del capital

Martinsa Fadesa ha ofrecido a sus bancos acreedores canjear gran parte de la deuda de 3.500 millones de euros que actualmente soporta por acciones de la inmobiliaria, de forma que las entidades financieras pasarían a controlar el 70% del accionariado de la compañía. El 30% restante del capital de la inmobiliaria quedaría en manos de su presidente y actual primer accionista, Fernando Martín, y de su socio Antonio Martín, según fuentes de la compañía.

El canje de deuda por acciones constituye la principal propuesta del plan que Martinsa Fadesa ha presentado este lunes a sus 14 bancos acreedores con el fin de lograr la refinanciación de su deuda antes del próximo 31 de diciembre y evitar así su liquidación.

La inmobiliaria, que en el 2011 superó el mayor concurso de la historia, también ofrece a los bancos canjear otro 34% de la deuda mediante la cesión de activos inmobiliarios.

Los bancos han solicitado a la empresa concreciones sobre algunos de los términos de la propuesta. La inmobiliaria prevé remitir mañana martes estos detalles con el fin de continuar negociando en busca de un acuerdo. Uno de los principales puntos de la negociación lo constituye el calendario por el que los bancos pasarían a controlar el 70% de Martinsa Fadesa.

Con esta operación de recapitalización de deuda, además de liquidar pasivo, la inmobiliaria resolvería su actual posición de patrimonio negativo, una de las dos circunstancias que actualmente le sitúa en causa de disolución. El otro eventual motivo de disolución sería el impago del 23% de su deuda total que Martinsa debe abonar antes del próximo 31 de diciembre, según el calendario establecido en el convenio de acreedores que la compañía pactó en marzo de 2011 y que le permitió emerger del concurso.

Martinsa Fadesa, que lleva un año negociando con sus bancos su deuda concursal de 3.500 millones, pretende con el actual proceso negociador a resolver in extremis toda la situación de la compañía. Por ello, la inmobiliaria pretende acogerse a la reforma de la ley concursal que el Gobierno aprobó en septiembre y modificar el convenio de acreedores pactado en el 2011 para adecuarlo a la actual situación de la empresa.