El Periódico

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

Barcelona y Madrid lideran la rebelión municipal contra la austeridad de la 'ley Montoro'

La regla de gasto para los pies a miles de ayuntamientos y a siete autonomías

Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja no se podrán gastar los mayores ingresos de este año

Barcelona y Madrid lideran la rebelión municipal contra la austeridad de la 'ley Montoro'

EFE / JORGE ORTIZ

Los alcaldes de Zaragoza, Pedro Santisteve, de Madrid, Manuela Carmena, de Barcelona, AdaColau, y de Valencia, Joan Ribó, en una visita al Vaticano en diciembre pasado.

Lunes, 17 de abril del 2017 - 19:16 CEST

Cinco años después de la entrada en vigor de la ley de estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona lideran las protestas contra la austeridad de la también conocida como ‘ley Montoro’. Las alcaldesas Manuela Carmena y Ada Colau están al frente de un grupo de 13 corporaciones de todos los colores políticos que ejercen de punta de lanza para forzar una revisión de la ley que les permita poder aplicar en inversiones una mayor parte de los ahorros que han acumulado en los últimos años. Este grupo, que se reunió el 1 de marzo en Madrid, acoge también las corporaciones de Valencia, Zaragoza, Valladolid, Las Palmas, Sevilla, Murcia, Bilbao, Gijón y L'Hospitalet de Llobregat además del Cabildo insular de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca. Con el  mismo objetivo, un grupo de 70 corporaciones rubricaron la llamada “Declaración de Valencia” en la ciudad del Turia a finales de febrero al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) redobla su presión sobre el Gobierno.

Al descontento municipal contra la 'ley Montoro' se sumará el de un grupo de al menos siete autonomías que en ley de estabilidad entrará en acción en contra de las comunidades. Ello implicará que comunidades como Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi y La Rioja no se podrán gastar todo el dinero adicional al que van a tener acceso este año, después de duros años de recortes y ajustes. Si lo hicieran, sus partidas crecerían por encima del 2,1% que fija la regla de gasto para el 2017. Así que tendrán que ahorrar todo lo que no puedan gastarse y, con total seguridad su déficit se situará por debajo del tope del 0,6% del PIB fijado para el 2017. Esta exigencia augura nuevos motivos de tensión política entre gobiernos autonómicos como el de Andalucía, con la socialista Susana Díaz al frente, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

SUPERÁVIT LOCAL

Por primera vez, en el 2017 un nutrido grupo de autonomías empezarán a sufrir los rigores que llevan padeciendo la mayor parte de los ayuntamientos en los últimos años. Los llamados 'ayuntamientos del cambio' de Madrid y Barcelona -regidos por Manuela Carmena y Ada Colau- y también los de Valencia y Zaragoza -con Joan Ribó y Pedro Santisteve al frente- lideran el movimiento local de rebelión contra la austeridad que impone la conocida como Ley Montoro y su 'regla de gasto'.

Los alcaldes se quejan de que a pesar de haber acumulado superávits consecutivos durante los cinco últimos años, Hacienda no les deja gastar sus ahorros. La mayor parte de estas cantidades ha servido para reducir su deuda pública en un total de 12.000 millones de euros, hasta el punto de haber desaparecido en algún gran ayuntamiento, como el de Bilbao. Otra parte de los ahorros acumulados están paralizados en las cuentas bancarias de los municipios, que acumulan unos 20.000 millones de euros –según los cálculos de la Autoridad Fiscal Independiente, AIReF- que no se pueden gastar. Solo una pequeña parte de este superávit se ha podido emplear en “inversiones financieramente sostenibles” que es la única vía de escape que ha permitido el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos para dar salida a parte de sus remanentes.

Las claves

  • ¿QUÉ ES LA REGLA DE GASTO? Es un instrumento de disciplina presupuestaria.  Impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, siendo posible superarla, únicamente, en el supuesto de que ese exceso se compense con aumentos de impuestos. En el 2017, la tasa de referencia es el 2,1%. En el 2018, el 2,3%.
  • ¿A QUIÉN OBLIGA? A todas las administraciones públicas, salvo a la Seguridad Social.
  • ¿PARA QUÉ SIRVE? Para evitar que en época de fuerte crecimiento económico los gastos se disparen en paralelo, forzando luego a duros recortes cuando el ciclo económico baja.
  • ¿QUÉ PASA SI SE INCUMPLE? Hacienda puede imponer un plan de ajuste, so pone de sufrir sanciones.
  • ¿LA CUMPLE EL ESTADO? Hasta ahora, no. Para haberla cumplido en el 2015 y el 2016 el gasto debería haber bajado, al menos, en igual medida que la rebaja de impuestosescripción clave.
  • ¿EXISTE EN OTROS PAÍSES? Sí. La Unión Europea vigila su cumplimiento en cada uno de los estados. Pero la regla europea se entiende como una referencia a medio plazo, no como un límite anual cuyo incumplimiento conlleva sanción.

“Los ciudadanos no pueden entender que los ayuntamientos estén obligados a no utilizar sus superávits en un momento en el que existen necesidades sociales apremiantes”, defiende el primer teniente de alcaldía del  Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello. Barcelona argumenta a su favor haber registrado un superávit de 113 millones en el 2016, compatible con un nivel de deuda relativamente bajo (840 millones), frente a los 3.868 millones que aún acumula Madrid (pese a haberlo reducido a la mitad desde el 2012).

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

La regla de gasto –a la que los ayuntamientos han bautizado como ‘ley Montoro’- es un instrumento de disciplina presupuestaria que impide que el gasto público suba cada año por encima de la tasa de referencia de crecimiento de la economía española a medio plazo (el 2,1% en el 2017), a no ser que se aumenten los impuestos .

Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, Euskadi y La Rioja son comunidades que ya cumplieron con holgura el objetivo de déficit del 0,7% del PIB en el 2016 y que ahora, en el 2017 recibirán tantos ingresos adicionales que tendrían que aumentar su gasto más del 2,1% para poder darles salida, según los cálculos de la AIReF. El Ministerio de Hacienda no descarta que esta circunstancia se amplíe a alguna comunidad más. No es el caso de Catalunya que precisará de sus 1.082 millones adicionales para intentar bajar su déficit del 0,93% del 2016 al 0,6% del 2017.

La regla de gasto existe para todas las administraciones públicas pero hasta ahora no había entrado en juego en las autonomías, pues estas estaban sometidas a una disciplina aun más dura, derivada de la exigencia de reducir el déficit público. Así el déficit autonómico ha pasado del 3,35% del PIB en el 2011 al 0,82% en el 2016.

Para el 2017, sin embargo, cumplir el objetivo parece estar a tiro de piedra. El déficit debe pasar del 0,82% del PIB al 0,6%, con una reducción de solo unos 2.550 millones que parece muy fácil si se tiene en cuenta que las comunidades recibirán este año 5.387 millones más del sistema de financiación. Pero Montoro no quiere que se gasten todos estos mayores ingresos; quiere que se ahorre la mitad y para ello vigilará que se cumpla la regla de gasto.

REBELIÓN MUNICIPAL

Por muchos ingresos que tenga una comunidad, sus gastos no podrán crecer más del 2,1% a riesgo de entrar en una guerra con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como la que ya mantiene con el ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena por el incumplimiento de la regla de gasto. Eso, a pesar de que la propia administración central no ha cumplido nunca la regla de gasto, tal como reconocen en el propio Ministerio de Hacienda.

Enmienda a los Presupuestos del Estado

El 6 de abril, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) celebró una junta de gobierno extraordinaria para solicitar a Hacienda un cambio en el proyecto de Presupuestos del Estado que permita a los ayuntamientos que las escasas inversiones adicionales que se pueden ejecutar con cargo al superávit no sean de obligada ejecución dentro del 2017 dado el retraso con que previsiblemente se podrían aprobar las cuentas estatales (junio). El presidente de la FEMP, Abel Caballero, pide que estas obras se puedan ejecutar también en el 2018. La demanda de la FEMP será encauzada a través de enmiendas al proyecto de Presupuestos que, al menos de momento, ya ha sido anunciadas por los grupos de PDCat y PSOE. Fuentes de Hacienda se han mostrado comprensivos hacia esta demanda municipal, dado el retraso de la tramitación presupuestaria.

“Los ayuntamientos han sabido ejercer de manera correcta su gestión económica”, valoró tras esta reunión la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercé Conesa. “No tiene ningún sentido que el superávit de los ayuntamientos sirva para compensar el incumplimiento del Estado y de la Seguridad Social con el déficit”, añadió. Según Conesa, el 99,5% de los ayuntamientos catalanes registran superávit. En concreto, la Diputación de Barcelona anotó un superávit de 70 millones en el 2016.

El diputado del PDCat y alcalde de Tortosa, Ferran Bel, anunció que su grupo impulsará la enmienda que demanda la FEMP y aseguró que la iniciativa es respaldada por los alcaldes del PP.

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