CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Los países del euro autorizan la nueva senda de déficit de España

Luis de Guindos y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer, en Bruselas.

Luis de Guindos y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer, en Bruselas.

EL PERIÓDICO / BRUSELAS

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No ha habido sorpresa y los 19 países de las zona euro no se han opuesto a la decisión de la Comisión Europea (CE) de permitir a España y Portugal una senda más larga de tiempo para alzar el objetivo de un mayor equilibrio presupuestario. En el caso de España, se le ha concedido un año más para reducir el déficit por debajo del 3%. Así lo confirmaron este lunes fuentes comunitarias a Europa Press.

Bruselas aprobó el pasado 27 de julio dar dos años más a España, hasta 2018, para situar el desvío presupuestario por debajo de este nivel, como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con la nueva senda, el déficit público de España se debe situar en el 4,6% del producto interior bruto (PIB) este año; en el 3,1% en el 2017 y en el 2,2% en el 2018.

En esa misma reunión, el colegio de comisarios tomó la decisión de cancelar la multa del 0,2% del PIB a España y Portugal, que habría podido alcanzar casi 2.500 de euros en el caso de España. El paso definitivo para que estas medidas quedasen aprobadas era que no se opusieran e ellas, en el plazo de 10 días, una mayoría de cualificada de ministros de Economía de países de la zona euro. Aunque durante estos días han proliferado declaraciones muy críticas contra esas decisiones, sobre todo contra la cancelación de la multa, como las del ministro de Economías holandés o el presidente del Bundesbank, al final parace que no habrá tampoco sorpresa y que se aprobarán automáticamente ambas decisiones, según las mismas fuentes. En el tema de la multa, el plazo para oponerse a esta decisión vence a las 12 de la noche del lunes y se espera que mañana se comunique oficialmente su aprobación por el sistema de silencio administrativo.

En todo caso, la cancelación de la multa no le saldrá gratis a España, que estará sometida a un control trimestral. A cambio de no aplicar la sanción y darle más tiempo para reducir el déficit, la Comisión Europea reclamó un ajuste estructural del 0,5% en el 2017 y del 0,5% en el 2018, es decir, un ajuste estructural de unos 10.000 millones de euros en los dos próximos años.

PLAZOS

El Ejecutivo español tiene hasta el 15 de octubre para elaborar un anteproyecto de presupuestos del 2017 austero, que refleje el ajuste estructural de medio punto –el mínimo previsto en el pacto- que le exige Bruselas para el próximo año y que demostrará que la clemencia mostrada por la Comisión Europea, previa mediación de Berlín, no saldrá gratis. Entre otras medidas, la Comisión Europea ha propuesto a España una nueva subida del IVA y más transparencia en la contratación pública.

Para hacer realidad este nuevo calendario y el esfuerzo estructural de 10.000 millones repartido en dos años que lleva incorporado, Bruselas sugiere ya el camino a seguir. Por ejemplo, reducir el número de bienes y servicios que se benefician de un tipo de IVA reducido como ocurre con la alimentación, el transporte de viajeros o los restaurantes. Además, la Comisión reitera la necesidad de realizar controles "estrictos" a todos los niveles del gobierno y de reforzar la vigilancia sobre las licitaciones públicas.

BLOQUEO DE FONDOS

A menos que cumpla y presente medidas no se desbloquearán parte de los fondos estructurales comprometidos para el próximo año -entorno a 1.000 millones de euros- y que pueden quedar en septiembre en el congelador tras el diálogo estructurado demandado por la Eurocámara. El vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis, aseguró que con esta presión tanto España como Portugal tendrán un "incentivo adicional" para cumplir la nueva senda fiscal. La normativa europea prevé que se pueden congelar hasta el 50% de los compromisos de pagos para el 2017 (los citados 1.000 millones en el caso español) aunque esta medida no es automática, debe ser "proporcional" y la Comisión tendrá en cuenta su impacto socioeconómico antes de adoptarla si fuese necesario.