Los inspectores mantenían un "pacto de silencio" y cobraban cantidades millonarias

Losinspectores de Hacienda condenados por la Audiencia de Barcelona mantenían un"pacto de silencio"mientras cobrabancantidades millonariasde los empresarios a los que beneficiaban y que el tribunal ha valorado en unos5 millones de euros.

Elexjefe de la Inspección de Haciendaen Cataluña,Josep María Huguet, y losexinspectoresa su cargoManuel Abella, Roger Bergua, Álvaro Pernas, Juan José Lucas, y la esposa de éste,Mayra Mas, condenados en elcaso Hacienda, obtuvieron dádivas de diferente cuantía.

Así, según la sentencia, el importe total de los ingresos efectuados por el abogado y asesor fiscal delgrupo Torras,Juan José Folchi, a una cuenta queHuguet tenía en elbanco Paribas de Ginebra(Suiza) ascendió a1,5 millones de euros y 800.000 dólares,que el tribunal ha ordenado decomisarle.

La sentencia también cuantifica en114.062.167 pesetas--algo menos de un millón de euros-- los pagos que recibióAbellay en88,5 millones de pesetaslas que cobróBergua, siempre porhacer la vista gordaoamañar inspecciones fiscalesa la baja en las sociedades de los empresarios condenados.

El tribunal también ordena elcomiso de 300.000 euroscobrados porÁlvaro Pernasy calcula el beneficio obtenido por elexinspector Juan José Lucasy por su esposaMayra Mas, que erasubinspectora de Haciendaen excedencia y gerente de la entidad LML, en1,5 millones de euros.

'Encargos de indebido ahorro fiscal'

La sentencia relata como los inspectores "en reiteradas ocasiones se mostraron propicios a los intereses de determinados contribuyentes de elevado perfil económico, alentados por las ventajas o beneficios patrimoniales que éstos les ofrecieron con la finalidad de ganarse sus voluntades en perjuicio del erario público".

Laresolución judicial, de 730 páginas,desvela el funcionamiento de la tramay como "los corruptos contactos entre funcionarios y empresarios se instrumentalizaron en algunos casosa través de los asesores legales y/o fiscalesde los empresarios, movidos por las significativas recompensas, beneficios o ventajas económicas proporcionadas por dichos contribuyentes".

El tribunal considera probado que los inspectores de Hacienda condenados "torcieron intencionada y deliberadamente el ejercicio de sus funciones públicas con la finalidad de beneficiar la posición tributaria de aquellos en detrimento de la Hacienda Pública". Los jueces relatan que si bien estas conductassurgieron de forma individual"segeneralizaronpor estos inspectores de Hacienda, quienes realizaban lo que podríamos denominarencargos de indebido ahorro fiscalpara el empresario que les pagaba".

No injerencia en los respectivos 'encargos'

"Pero al mismo tiempo --relata la sentencia-- debíancolaborar con los otros inspectorespara que estos, a su vez, pudieran cumplir consus propios encargos de indebido ahorro fiscalde quien percibían dinero y bienes patrimoniales, dado que el procedimiento de inspección requería laparticipación de determinados niveles de inspectores, generándose entre ellos una situación de colaboraciones".

Ayudándose unos a otros,el inspector Juan José Lucas era quien asesorabaa los diferentes empresarios, "y por ello percibía de todos ellos importantes cantidades de dinero a través de una empresa creada ex profeso para ello y que detentaba su entonces esposa,Mayra Mas".

La sentencia considera probado que "se generó unclima o pacto de no injerencia y conveniente silenciorespecto de sus respectivas actividades que se derivaba de su simultánea y coetánea participación en las respectivas actuaciones ilícitas".

"A esepacto de silencio--añade la sentencia-- concurría además, en los funcionarios públicos inculpados, otra conjunción de intereses generada por suparticipación en actividades inversoras comunescanalizadas a través de sociedades instrumentales en las quecolocaban de forma opaca, sin declararlas fiscalmente,los beneficiosque les reportaba".