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Josep-Maria Ureta Periodista

¡Que venga Europa!, claman los que detestan las reminiscencias de la herencia del franquismo en las instituciones públicas o privadas. ¡Que viene Europa!, rectifica alguno de los mismos cuando ve cómo la velocidad con que penetran las directivas emanadas del Ejecutivo de Bruselas -la Comisión Europea en terminología homologada- amenaza con alcanzar objetivos más profundos de los deseados por quienes reclamaban aires del norte. De ambas actitudes hemos tenido sobradas muestras los últimos años. Veamos dos.

Obras del AVE y de la estación de La Sagrera de Barcelona, el febrero del 2011 RICARD CUGAT

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Información publicada en la página 38 de la sección de Economía de la edición impresa del día 24 de abril de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

Se cumplen dos años de los desalojos de estudiantes encerrados en diversas facultades y rectorados de toda España en protesta por un plan de homologación de titulaciones de toda la UE del que solo se entendió, en beneficio de unos cuantos -más de profesores que de alumnos- que estábamos ante una mercantilización de las carreras. La empresa y sus intereses han entrado en la Universidad, fue la simplificación. Lo curioso de la época era que se protestaba por algo decidido diez años antes y que si a alguien no afectaba era a los que acababan estudios.

Segundo ejemplo, del 2006. Tres denominaciones para el mismo fenómeno: directiva Bolkenstein (nombre del comisario europeo que la impulsó), ley de servicios profesionales o ley ómnibus. En síntesis, esta directiva (ley, en terminología comunitaria) disponía la liberalización de una lista heterogénea de actividades económicas, la mayoría del sector de servicios, que han de permitir el abaratamiento del coste para los usuarios y la supresión de barreras de acceso a la prestación profesional de estos servicios, sea de nacionales o de otros países de la UE (la conocida movilidad de los fontaneros polacos o los dentistas húngaros, por poner los dos ejemplos conocidos mas agitados por los denunciantes).

El vade retro contra esta disposición partió de los colegios profesionales con más tradición en la emisión de visados, como es el caso de los arquitectos o los ingenieros. También contribuyeron al maleficio médicos, farmacéuticos, abogados y demás profesiones con reserva de actividad, es decir, los que habilitan para ejercer la profesión o dotan sus recursos colegiales con la emisión de certificados o visados. Los más alarmistas contra la liberalización advirtieron de un riesgo para toda la sociedad si un cualquiera firmaba un edificio o una obra.

Tiempo después de la implantación del proceso de Bolonia (se completa en el 2015) y de la liberalización de la prestación de servicios cuya regulación estaba sometida, en parte, a la vigilancia de los colegios profesionales, tenemos un nuevo panorama. Primero, la proliferación de títulos universitarios de nueva denominación (grados y másters) que solamente en el ámbito de las ingenierías obsequia a los aspirantes con un surtido de 441 grados y 369 másters. Tan variados que hoy en día es más fácil ser ingeniero de Hormigón, Acústica, Edificación Eficiente, Hortofrutícola o Radioelectrónica Naval que simplemente ingeniero (curiosidad: solo quedan dos escuelas que se llaman de ingeniería industrial, sin más).

La segunda parte ha tenido un cierto aspecto de reactivación, que en otros términos más del día se dirían que aspiran al milagro, como de resurrección. Es lo que empiezan a plantear los ingenieros industriales catalanes, (Enginyers Industrials de Catalunya, EIC) con doble denominación desde hace décadas: la Associació (creada en 1863) y el Col.legi (1950), encabezados por Joan Torres y Joan Vallvé, respectivamente. Sociovergencia, según algunos. Dejan el corporativismo (manteniendo las funciones que debe ejercer el Col.legi) y buscan la referencia europea de alemanes y británicos, cuyo esencia es no tanto la reserva de actividad como el prestigio ante la sociedad.

Hay movida entorno a las iniciativas de los EIG para crear un nuevo marco, abierto a otros colectivos, donde la titulación sea exigible pero no requisito único para compartir con la sociedad lo que es ser ingeniero, con independencia del adjetivo añadido.