Los expertos reclaman un pacto entre Gobierno y tercer sector

La crisis ha golpeado duro a todas las clases, pero en especial a los segmentos más pobres. La pérdida del empleo, el sobreendeudamiento y la falta de ahorros se han convertido en un cóctel fatal que ha llevado a miles de familias a una situación extrema. Pero al mismo tiempo que este escenario está bien presente, el Gobierno asegura que España es el país que más crece la Unión Europea. El suplemento +Valor que el martes publicará EL PERIÓDICO analizará las causas y consecuencias de la crisis y las actuaciones del tercer sector social, que ha tenido que hacer frente a situaciones dramáticas, con una conclusión: sin el fin de la desigualdad no habrá final real de la crisis.

Los 11 expertos que intervienen en el suplemento recuerdan el papel «vital» del tercer sector social durante la presente crisis. «España es, en comparación a los países de la eurozona, el segundo más desigual, tras Letonia y por delante de Portugal, Grecia e Irlanda, países intervenidos por la troika, y lejos de Alemania, y del más igualitario, Noruega», denuncia Elisabet Garriga, profesora de EADA Business School.

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

 Ante esta situación, las acciones del tercer sector social, que se define como un «conjunto de iniciativas promovidas voluntariamente por los ciudadanos con el objetivo explícito de beneficiar a la comunidad», han sido claves, aunque a veces el mensaje no llega a los ciudadanos. «Es muy importante que las organizaciones del tercer sector expliquen muy bien cuál es el impacto real del trabajo que llevan a cabo», dice Alfred Vernis, profesor de Esade.

«Una situación como esta requiere un gran pacto entre los poderes públicos y la sociedad civil, porque no bastan las medidas macroeconómicas enfocadas a la mejora de los grandes indicadores. Es preciso atender a la persona y de modo prioritario a la más vulnerable», reclaman Consuelo León y Montserrat Gas, profesoras de la UIC. Y este pacto, para Rafael Ruiz de Gauna, director de Relaciones Institucionales de la Fundació Pere Tarrés, debe tomar forma de tal manera que las entidades estén «presentes en la concertación y contratación pública con un modelo que, en beneficio de los ciudadanos, pondere la calidez y solidez de la intervención más allá del precio». «La cogestión debe formar parte de un nuevo sistema de cogobierno que se denomina nueva gobernanza pública: construcción de un verdadero sistema de relaciones entre socios iguales», reclama Isabel Vidal, profesora de la UB.

«En los próximos años, será clave movilizar voluntades y recursos para poder hacer crecer la calidad de vida de las personas y de nuestros barrios, ciudades y pueblos», concluye Ruiz de Gauna.