El análisis minucioso de los activos de la banca española afronta la recta final. Durante esta semana, la consultora Olyver Wyman y los auditores Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG están solicitando a los bancos españoles más información para concluir sus estudios. Concretamente, estas auditoras están solicitando a todas las entidades financieras españolas más detalles sobre su exposición al ladrillo y los activos considerados tóxicos para aclarar qué parte de estos créditos de dudoso cobro se podrán recuperar y cuáles se tienen que considerar ya perdidos, según han confirmado fuentes de varios bancos.

Pisos en venta de CatalunyaCaixa, en Barcelona. CARLOS MONTAÑÉS

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Información publicada en la página 23 de la sección de Economía de la edición impresa del día 30 de agosto de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Todo este proceso de valoración forma parte de las condiciones del rescate europeo a la banca española por hasta 100.000 millones de euros y servirá para establecer las necesidades de capital entidad por entidad. Está previsto que los resultados de estos análisis exhaustivos se den a conocer durante la segunda parte del mes de septiembre. En paralelo, el Gobierno pondrá en marcha la estructura básica de lo que se ha bautizado como de banco malo. Se trata de una sociedad pública que aglutinará todos los activos inmobiliarios tóxicos en poder de las entidades financieras, así como las pérdidas que deberán sufrir los titulares de participaciones preferentes de las entidades que soliciten algún tipo de ayuda pública del Estado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó ayer que mañana, viernes, el Consejo de Ministros aprobará el decreto de reforma financiera que --siguiendo las exigencias y los plazos impuestos por Europa a cambio del dinero-- reforzará el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al dotarlo de fuerte capacidad de intervención y de decisión. También regulará un mecanismo para liquidar las entidades viables, además de ordenar la creación del banco malo que, según Guindos, no comportará un gasto para los contribuyentes.

NEGOCIACIÓN CON BRUSELAS/ El ministro de Economía negó la existencia de «discrepancias» con la Comisión Europea sobre el contenido del decreto. «Lo que ha habido es una colaboración estrecha», precisó el ministro, quien aseguró que la nueva regulación constituirá «un avance fundamental en el sistema de supervisión» del sistema financiero, para evitar que se puedan «reproducir» situaciones como la crisis financiera actual.