Los alcaldes posponen la revisión del catastro por las elecciones

Las finanzas de muchos ayuntamientos están al borde del colapso, pero en el 2011 habrá elecciones municipales y casi ningún alcalde quiere llegar a las urnas con la impopularidad que supone hacer una revisión catastral. Una actualización de los valores de viviendas y locales permitiría a los consistorios recaudar más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), sin necesidad de tener que subir los tipos impositivos de la vieja contribución urbana. Ello ayudaría a sanear las cuentas. Pero promover una revisión catastral ahora sería como llevar en el programa electoral el eslogan de Vamos a subir los impuestos.

Por eso no es extraño que muy pocos ayuntamientos hayan solicitado a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que revise sus valores catastrales en el 2011. Aunque la nueva base imponible no tendría efecto hasta el IBI del 2012 casi nadie quiere asumir ahora ese coste.

Desde 1984 -año de partida de las estadísticas públicas del Catastro- siempre pasa lo mismo: cuando va a haber elecciones, disminuyen las peticiones de revisión. En 1988, la revuelta de alcaldes y vecinos contra el catastrazo -como se bautizó la actualización de valores que impulsó el entonces secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell-, dio buena muestra de la sensibilidad de los contribuyentes hacia el IBI.

FRENO Y MARCHA ATRÁS / En la documentación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 figura que el año que viene se llevará a cabo la revisión de 4,2 millones de inmuebles, de los que 2,15 millones corresponden a Madrid.  También figuran en la programación, en tanto que grandes ciudades, Oviedo, Castellón y Terrassa. Según el ministerio, las revisiones se programan para los municipios que lo solicitan, aunque luego hay un plazo en el que se pueden echar atrás. Sin embargo, algunos alcaldes actúan como si fuera una imposición del Gobierno central. «Si Hacienda ha tomado la decisión de revisar los valores catrastales a las familias de Castellón, la ciudad reducirá los tipos impositivos para que, al final, el recibo llegue con la misma cantidad que actualmente pagan las familias», declaró hace unos días el alcalde de Castellón, Alberto Fabra (PP).

Desde el punto de vista del ministerio de Economía y Hacienda es «sorprendente» que los ayuntamientos se quejen de falta de recursos y que al mismo tiempo esquiven las subidas de impuestos, «en contra del  coste que sí ha asumido el Gobierno central», explican altas fuentes del departamento. Castellón, por ejemplo, no revisa su catastro desde 1996 -cuando por ley, debería hacerse cada diez años, como máximo- si bien tiene uno de los impuestos por IBI más altos entre las capitales.

Terrassa también figura entre los municipios que, según el Gobierno, han solicitado revisar sus valores en el 2011, con lo que se notaría en el IBI del 2012 (la última revisión se hizo en 1996, hace 14 años) . Pero en el ayuntamiento niegan que haya habido una petición en esta dirección y todo apunta a que finalmente se pospondrá, al menos un año, hasta el 2012, una vez pasadas las elecciones municipales.

Madrid sigue adelante con la petición formulada en mayo de este año. Los graves problemas financieros del alcalde Alberto Ruiz Gallardón conceden poco margen a la posibilidad de dar largas a una revisión que, tomando en cuenta el plazo de 10 años que marca la ley, toca el año que viene. También tocaría en Barcelona (el catastro se revisó en el 2001 y tuvo efecto a partir del 2002), pero el consistorio de Jordi Hereu prefiere esperar un año más.

EL 'BOOM' INMOBILIARIO / Los valores catastrales de cada municipio se deben revisar en plazos de entre 5 y 10 años. Trascurrido este plazo máximo, el catastro puede actuar de oficio, pero, según Hacienda, siempre se actúa «a petición» de las corporaciones. Según la estadística del Catastro, de los 7.589 municipios de España, en 4.387 hace más de 10 años que no se revisan los valores (el 58%). De los 946 ayuntamientos catalanes, el catastro de 693 tiene más de 10 años de antigüedad (el 73%). Algunos se remontan a 1985.

Durante el boom inmobiliario, no hacía falta revisar el catastro. Con la incorporación de nuevos inmuebles ya daba para aumentar la recaudación del IBI. Ahora las circunstancias han cambiado, pero los ayuntamientos se muestran remisos. En el 2010 han estrenado catastro Ávila, Burgos, Santander y Segovia, tras la revisión del 2009. Zaragoza y Palma de Mallorca se echaron atrás.

El IBI es de gran importancia para la financiación local. Proporciona alrededor del 20% de los ingresos municipales. En media, cada alta de inmueble urbano aporta entre 250 y 300 euros en términos de cuota de IBI.