Las medidas de carácter socioeconómico que ha tomado el Consejo de Ministros profundizan más, si cabe, en el desmantelamiento del Estado del bienestar (el welfare state de origen anglosajón), que en el ámbito español lo encontramos bajo el nombre de Estado social y democrático de derecho al que se refiere el artículo 1 º de la Constitución.

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Las constantes apelaciones a la necesidad de rigor presupuestario derivado del supuesto descontrol del gasto público, han incidido en la creación de una idea equivocada, alimentada por las numerosas referencias a los excesos de periodos anteriores, en torno a que el Estado del bienestar es un regalo y no un derecho que verdaderamente deriva del pacto social que se consolida tras la segunda guerra mundial por el que se hizo un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población.

Este derecho implica que el Estado debe asumir el bienestar de los ciudadanos, y el bienestar se consigue con la garantía de las necesidades básicas y universales como la educación, la sanidad, los servicios públicos, la movilidad ciudadana, la vivienda, la administración de justicia, etcétera, y, cómo no, con un sistema de relaciones laborales que compense y nivele la desigualdad originaria de las partes en el contrato de trabajo. Para entender la profundidad del cambio de modelo social que se quiere imponer debemos partir del reconocimiento de que el derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23.1) como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 6), es decir debe encuadrarse en los llamados derechos sociales en general, y muy particularmente dentro de los derechos prestacionales, en tanto que imponen a los poderes públicos obligaciones positivas de hacer, y así en la Constitución se reconoce este derecho (art. 35.1) como uno de los principios rectores de la política social y económica.

La paz social

Las medidas de todo tipo que se pretenden aplicar como consecuencia de la crisis financiera y económica constituyen un ataque violento y premeditado a los pilares sobre los que se ha construido la paz social que ha caracterizado a Europa durante más de 60 años, lo que permite afirmar que hemos estado viviendo en la ausencia de conflictos sociales graves desde el final de la segunda guerra mundial hasta nuestros días.

Lógicamente, la sociedad responde mostrando su rechazo a la liquidación del Estado del bienestar, y los gobernantes solo reaccionan incrementando las disposiciones que penalizan esta respuesta.