Las pensiones que vienen

En los últimos años ya se han acometido reformas en el sistema de pensiones, introduciendo cambios en el acceso a la prestación, pero en el futuro puede ser necesario plantear medidas adicionales para garantizar la supervivencia del sistema.

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Las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la del población española plantean nuevamente dudas sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. El envejecimiento de la población, la baja natalidad, y la reducción de los cotizantes al sistema, entre otros hechos, amenazan desde hace años, y cada vez con mayor intensidad, la sostenibilidad del sistema público de reparto, en el cual, simplificando, los cotizantes en activo financian las prestaciones de los colectivos pasivos.

En primer lugar, las tensiones demográficas afectan a la vertiente de los ingresos del sistema público de pensiones. El número de contribuyentes al sistema de la Seguridad Social se ha reducido y continuará reduciéndose en los años venideros. Por una parte, se está produciendo una caída de la tasa de natalidad, con lo cual en el futuro se incorporará menos población al mercado de trabajo. Por otra, el saldo migratorio, positivo y elevado durante los años de expansión, ha cambiado de signo a partir del año 2009, minorando también el número de cotizantes. De hecho, la situación actual de crisis no hace prever un cambio de tendencia en este dato ni a corto ni a medio plazo.

Pero es que, además de las anteriores circunstancias demográficas, la situación económica actual se caracteriza por una elevada tasa de paro de alrededor del 25%. Aunque afecta a todos los tramos de edad, preocupa su incidencia en los jóvenes, que no pueden incorporarse al mercado laboral, y entre los trabajadores desempleados de larga duración y los mayores de 55 años, que tienen enormes dificultades para reincorporarse al mismo. Las medidas en este ámbito deben ir dirigidas inequívocamente a facilitar la entrada de cotizantes en el mercado de trabajo. La intensificación y la mejora de la formación de estos colectivos debe ser el eje central en el que se basen las políticas activas de empleo, así como el soporte del autoempleo y del emprendimiento. Estas medidas también deberían ir encaminadas a minimizar en lo posible el paro estructural. Otras posibles medidas dirigidas a incrementar los ingresos del sistema, como pudieran ser el incremento de las cotizaciones, parecen desaconsejables debido a los efectos negativos que ocasionarían en los costes empresariales.

En segundo lugar, en referencia a los gastos del sistema, las proyecciones demográficas continúan evidenciando un incremento en la esperanza de vida y por tanto un más que posible aumento del tiempo en el que se percibirán pensiones. Este no es un dato nuevo, pero se prevé que se intensifique en el futuro. En este escenario, en los últimos años ya se han acometido reformas en el sistema de pensiones tendentes a la adaptación al nuevo contexto. Estas medidas se han concretado en la introducción de cambios en el acceso a la jubilación,  como el aumento paulatino de la edad legal de jubilación o modificaciones en las condiciones para acceder al 100 % de la pensión, en la aparición del denominado factor de sostenibilidad, ya en liza en otros países europeos y que permitirá la vinculación de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, y en establecer que la revalorización de las pensiones futuras dependa parcialmente de los ingresos y gastos del sistema.

No obstante, en el futuro puede ser necesario plantear la introducción de medidas adicionales en la vertiente de los gastos para garantizar la supervivencia del sistema. Concretamente, quedarían alternativas como minorar el importe de la primera pensión (esto es, reducir la tasa de sustitución, cociente entre la primera pensión y el último salario percibido), o bien replantear otras prestaciones que satisface el sistema, como pueden ser la prestación de viudedad o la prestación por orfandad.

Incentivar los planes privados

El sistema público de reparto puede complementarse con productos de naturaleza privada. Es en este ámbito privado donde el sector financiero y asegurador debe promover productos de previsión que permitan complementar a las pensiones públicas en la jubilación, y además debe poder hacerlo con la complicidad de las instituciones públicas, correspondiendo a estas el diseño de un marco legal adecuado para incentivar su desarrollo.

La figura de los planes de pensiones tendría que haber dado respuesta a esta demanda, pero han encontrado en su camino algunos obstáculos. De una parte, su escasa rentabilidad, lastrada por elevadas comisiones de gestión. Por otra parte, el tratamiento fiscal que se les aplica actualmente. Recordemos que las aportaciones realizadas a estos productos pueden reducir la base imponible del IRPF, proporcionando un rendimiento fiscal positivo, pero en el momento de recibir la prestación (sea en forma de capital, de renta, o de manera mixta combinando capital y renta), la tributación es sobre el total percibido, lo cual incrementa la cuota tributaria y compensa los beneficios obtenidos mientras se realizan las aportaciones (diferimiento de impuestos).

Es deseable y necesario que el legislador apueste firmemente por mejorar el tratamiento fiscal del ahorro para la jubilación, en concreto en el momento de la tributación. Algunos productos ya han sido propuestos para este fin, como los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (los conocidos como PIAS) o los novedosos Planes de Ahorro 5 de inminente aparición, donde bajo determinadas condiciones se exonera de tributación a los rendimientos generados. El mercado reclama más alternativas, y en esta dirección se está planteando la posibilidad de que en el futuro aparezca la denominada cuenta jubilación, al estilo de Estados Unidos o del Reino Unido, cuenta que debería permitir al ahorrador incluir productos financieros de diversa índole (depósitos, seguros de ahorro, fondos de inversión o incluso acciones) eximiendo de tributación los cambios entre productos si se mantienen dentro de la cuenta hasta la jubilación. Sea como sea, el legislador no debería descuidar este ámbito privado que en el futuro probablemente tenga una mayor relevancia en nuestra jubilación.