Las multinacionales dispararán sus demandas a los Estados con el TTIP

Imagine un tribunal donde los inversores extranjeros pueden presentar demandas contra los Estados, pero nunca al contrario. Un tribunal donde no hay derecho a apelar. Un tribunal donde las sesiones se celebran a puerta cerrada a menos de que las dos partes acuerden lo contrario. O un tribunal donde el árbitro ejerza en unos casos de juez y, en otros, de abogado de las partes. Esas cortes no solo existen, sino que se verán potenciadas en el marco de la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) que negocian la Unión Europea y EEUU, un tratado que, además de reducir aranceles, pretende armonizar las reglas del juego para las empresas a ambos lados del Atlántico.

Conocidos por su acrónimo en inglés, ISDS (Solución de Controversias Inversor-Estado), estos tribunales son en realidad paneles privados de arbitraje que permiten a las multinacionales y los fondos extranjeros reclamar compensaciones millonarias a los Estados cuando consideran que los cambios en la legislación o en la política oficial dañan sus expectativas de beneficio.

Puede ser en cualquier ámbito: laboral, medioambiental, regulación bancaria o política energética. "Históricamente los ISDS se dedicaban a proteger a las empresas de las expropiaciones directas y las nacionalizaciones, pero su ámbito de actuación se ha desbordado", asegura el especialista en comercio internacional de la universidad canadiense de York, Gus Van Harten. "Han pasado a ser un mecanismo de poder a disposición de los inversores extranjeros para escrutar todo lo que un país hace", añade por teléfono.

Los datos confirman su análisis. En los últimos años se ha disparado el número de demandas presentadas por los inversores extranjeros en los ISDS, un mecanismo que se ha generalizado en las últimas décadas y que contempla cerca de 3.000 acuerdos bilaterales de inversión y tratados multilaterales de libre comercio. Del medio centenar de demandas que tramitaron en sus tres primeras décadas de existencia, se ha pasado a más de 50 casos anuales en los últimos tres años, según un informe de la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas.

Indemnizaciones millonarias

No siempre ganan los inversores. De hecho, los Estados han salido victoriosos en el 43% de los casos resueltos hasta la fecha, los inversores el 31% y en el resto se llegó a acuerdos extrajudiciales. Pero cuando lo hacen, las indemnizaciones que acaba pagando el contribuyente pueden ser multimillonarias.

Hace unos años, por ejemplo, la República Checa tuvo que pagar 236 millones al fondo de inversión holandés Saluka por negarse a rescatar con dinero público un banco en quiebra del que poseía parte del accionariado. Ecuador tuvo que compensar con 2.300 millones de dólares a la petrolera estadounidense Conoco por rescindirle el contrato.

Los motivos de litigio no acaban ahí. Se ha demandado a países por no reconocer patentes farmacéuticas (Canadá), por cerrar reactores nucleares (Alemania) o por subir el salario mínimo y cambiar otras leyes laborales (Egipto). También España es una diana habitual. En los dos últimos dos años acumula 10 demandas, todas ellas por los recortes de subvenciones a las renovables.

Para los defensores de este sistema, que apareció por primera vez en el acuerdo bilateral firmado entre Alemania y Pakistán en 1959, estos tribunales aportan seguridad jurídica a las corporaciones frente a las decisiones arbitrarias de los Gobiernos.

Opacidad

Pero sus detractores denuncian su opacidad, su falta de independencia y un estatus que los sitúa por encima de los sistemas de justicia nacionales. "Este sistema permite a los inversores extranjeros pasar por encima de los tribunales nacionales e incluso sobreescribir sus decisiones", afirma Michael Carroll, profesor de Derecho de la Universidad Americana en Washington.

Carroll es uno de los 100 expertos legales de EE.UU. que han enviado una carta al Congreso pidiendo a los legisladores que no se incluya los ISDS en los tratados de libre comercio que el país negocia con Europa, por un lado, y con varias naciones del Pacífico, por otro. Precisamente, esta semana Wikileaks publicó un capítulo completo del acuerdo que EEUU negocia con la zona Pacífico (TTP) y que revela el auge que se pretende dar a estas cortes.

El pasado mes de enero, la Comisión Europea recibió 160.000 objeciones tras someter estos arbitrajes a un proceso de consultas con la sociedad civil. "La consulta demuestra que existe un gran escepticismo hacia el ISDS", reconoció entonces la comisaria de Comercio, Cecilia Malstrom, que mostró su disposición a reformarlos, como desean también Alemania y Francia.

Pero si acaban incluyéndose en el TTIP, la previsión de los expertos es que se diparen las demandas de las multinacionales, lo que podría hacer que los Estados se lo piensen dos veces antes de aprobar cambios regulatorios que afecten a los inversores extranjeros. "Al poner precio a los cambios legislativos, podría paralizar muchas reformas necesarias", afirma Melinda St. Louis desde Public Citizen, un organización de derechos del consumidor.