PREPARATIVOS ANTE LA CUMBRE

Lagarde, empática con los ciudadanos hartos de corrupción

"La prioridad que la ciudadanía da a este problema está enteramente justificada", escribe

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional / periodico

IDOYA NOAIN / NUEVA YORK

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Corrupción. La palabra, el concepto y, ante todo, el problema, está en boca de todo el mundo, incluyendo los líderes sobre los que planea su oscura sombra.

Antes de que la reciente filtración de los papeles de Panamá devolviera a noticieros, primeras páginas, redes sociales y conversaciones un debate que va de lo legal a lo moral, una encuesta realizada en 65 países hace ya tres años demostró que la ciudadanía está convencida de que la corrupción es “uno de los problemas más importantes que enfrenta el mundo”. Un sondeo incluso anterior, del 2011, identificaba la corrupción como "el tópico discutido con más frecuencia" por los ciudadanos, por delante de la pobreza, el paro y el terrorismo. Y Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, cree que "la prioridad que la ciudadanía da a este problema está enteramente justificada".

Esa es una de las ideas que ha escrito en un ensayo sobre corrupción la exministra de economía francesa, salpicada personalmente en un caso de posible "negligencia" por los pagos públicos al empresario Bernard Tapie cuando ella ocupaba la cartera, un asunto que aún debe dirimirse en los tribunales.

Se trata de un texto preparado para la primera cumbre global anticorrupción que se celebra mañana en Londres a iniciativa del primer ministro británico, David Cameron, también salpicado por la revelación de que tuvo acciones en un fondo de inversión en un paraíso fiscal creado por su padre.

COMBATE SUPRANACIONAL

Aunque la cumbre no empieza con buen pie, al menos en términos de diplomacia, después de que Cameron fuera capturado en cámara definiendo a dos países invitados, Nigeria y Afganistán, como "fantásticamente corruptos", puede servir para dejar algún resultado. Y tanto Cameron como Lagarde apuestan por la creación de algún mecanismo supranacional que ayude al combate contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, aunque sea solo facilitando que se comparta la información. "Puede ser necesario crear instituciones 'puente' especializadas", ha escrito la directora gerente del FMI.

Más allá de esa propuesta, su ensayo es una radiografía centrada en la corrupción pública y en sus devastadores efectos. Y, como muchos expertos, Lagarde reconoce obsoleta la idea de que sea un problema exclusivo de los países en vía de desarrollo mediante mecanismos como los sobornos (aunque ese sigue siendo un cáncer en el que aún se gastan entre 1,5 y 2 billones de dólares al año, cerca del 2% del PIB global).

Lagarde habla de otra corrupción, la que tiene un "impacto corrosivo amplio en la sociedad" y “mina la confianza en el gobierno y erosiona los parámetros éticos de los ciudadanos”. Y subraya que, aunque "los costes económicos directos son de sobra conocidos", son los costes indirectos los que pueden ser "más sustantivos y debilitadores, llevando a menor crecimiento y más desigualdad de ingresos".

EVASIÓN FISCAL

"La corrupción generalizada hace más difícil llevar una política fiscal firme”, denuncia Lagarde, diciendo que “al deslegitimar el sistema de impuestos y su administración, la corrupción eleva la evasión fiscal".

El listado de consecuencias es largo: menos inversiones públicas en educación y en salud, caída de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, reducción del dinamismo, menos ahorro, la ineficiencia que se perpetua… Consecuencias de un problema que al final, según admite, "afecta desproporcionadamente a los pobres".

Lagarde también ofrece fórmulas para combatir el problema: la aplicación de marcos contra el lavado de dinero, mayor transparencia, reforzar las instituciones y, en algunos casos, reducir las regulaciones. Defiende también que la remuneración en el sector público sea "transparente y meritocrática" y dice que debe haber "claras señales de que los cargos públicos perderán sus trabajos si se les pilla en actos corruptos". Y sugiere que "es importante que los esfuerzos anticorrupción no se secuestren para implementar una agenda política".