El lado oscuro de la luz

La luz tiene un lado oscuro. Y se plasma en el recibo, convertido tras varios cambios legales desde la ley del sector eléctrico en 1997, en algo ininteligible. Bajo la presidencia de José María Aznar (PP) se diseñó el mecanismo que, con los años, se conoció como el déficit de tarifa (desfase entre los costes y los ingresos reconocidos a través de la tarifa), que llegó a acercarse a los 30.000 millones. Luego, transformado en títulos negociables avalados por el Estado (todos los ciudadanos), se paga en la factura de la luz a plazos con intereses.

Fue un sistema ingeniado por  el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato; y el ministro de Industria, Josep Piqué; para evitar las incómodas subidas de la tarifa por encima del IPC. Esta no se incrementaba, pero se reconocía a las eléctricas ese desfase que luego podían colectivizar.

La ley eléctrica sufrió luego varias modificaciones, que casi nunca han conseguido contener los precios. La primera de las reformas fue en el 2002, aún con el Gobierno del PP. Luego, en el 2005 y el 2007, ya fue bajo el mandato del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La última reforma de calado se produjo en el 2013, con Mariano Rajoy de presidente y José Manuel Soria como ministro de Industria.

Una de las herencias del enrevesado sistema legal eléctrico fueron los costes de transición a la competencia (CTC), creados con la primera ley eléctrica para compensar a las compañías por las inversiones hechas ante un nuevo marco de liberalización del sector.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la plataforma activista Avaaz han reunido recientemente 143.000 firmas ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que reabra la investigación sobre los 3.400 millones de euros que las grandes eléctricas habrían cobrado de más entre 1998 y 2006 en concepto de  los CTC. La devolución de esta cantidad no fue reclamada por los gobiernos del PSOE ni el del PP.

Por su parte, la modificación de la ley eléctrica hecha en el 2013 supuso un recorte a los ingresos de las energías renovables, que las ha puesto contra las cuerdas. Todo ello ha hecho que inversores extranjeros sumen ya 10 demandas ante el Ciadi, del Banco Mundial, contra el Reino de España.

El último episodio fue el sistema de precios que entró en vigor en abril pasado y que somete más de un tercio del recibo a los vaivenes horarios del mercado: 24 precios al día, 720 al mes. El modelo, instaurado después que el Gobierno anulara la subasta trimestral de diciembre del 2013 con la que se fijaba parte de la tarifa; introduce una gran imprevisibilidad para el consumidor.

Y lo peor es que el año ha empezado con un alza de más del 3% con respecto a diciembre, cuando la inflación, en cambio, es negativa. Aunque el ministro Soria confía en que el mayor uso de centrales hidráulicas y de la energía eólica reducirán el precio, muchos expertos no lo ven así. Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica, está convencido de que «el precio de la luz en el 2015 acabará por encima del 2014».  Morales lo tiene claro: «Todos los cambios regulatorios han aumentado el poder de las grandes eléctricas, que manejan los precios».