El juicio imposible

Un juicio con 2.289 empresas acusadas, con sus respectivos abogados, y 11 imputados se antoja casi imposible de manejar. Es lo que sucede con el proceso judicial contra la excúpula de Mutua Universal por la presunta malversación de 195 millones de euros de fondos públicos. El fiscal solicita en su escrito de acusación no solo penas de cárcel para los exdirectivos encausados, sino también que las 2.289 mercantiles que estaban asociadas a la mutua se sienten en el banquillo como responsables civiles en calidad de partícipes a título lucrativo. Es decir, que se beneficiaron del desvío de dinero y a las que ahora se les reclama que lo devuelvan.

El juez de Barcelona Ignacio Sánchez García Porrero ha decretado la apertura de juicio oral contra los 11 exdirectivos de la mutua imputados y también contra la entidad de previsión fiscal que figura como responsable civil subsidiaria y las 2.289 empresas. Estas compañías empresas no estaban personadas en la causa y por ello el magistrado ha emplazado a sus representantes legales para que lo hagan y, así, puedan defenderse en el juicio de las acciones civiles contra ellas.

«Se tendrá que hacer el juicio en el Camp Nou», explicaba a este diario irónicamente un abogado personado en la causa. Si al final la situación no cambia será un juicio difícil de manejar por la cantidad de abogados que deberán participar, aunque cabe la posibilidad de que las empresas se agrupen en torno a un mismo letrado. El primer trabajo lo tendrá el juzgado que durante 13 años ha instruido el proceso y que deberá hacer los trámites necesarios para que las firmas implicadas puedan tener copia de la causa y en 10 días presentar su escrito de defensa.

El juez ha requerido a los 11 exdirectivos imputados (para quienes el fiscal pide penas que oscilan entre los 15 años y medio y los dos años y un mes de cárcel), que presten una fianza de 195 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles. Si no depositan esa cantidad, se embargarán sus bienes y si carecen de ellos, pueden declararse insolventes.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled sostiene que el que el exdirector general de la entidad Joan Aicart, secundado por sus colaboradores, creó una «compleja estrategia defraudatoria» en perjuicio de la Seguridad Social y del patrimonio de la mutua. Para ello, diseñó un sistema para retornar indebidamente a numerosas empresas asociadas a la mutua las cantidades procedentes de sus cotizaciones que no habían sido realmente gastadas y que, por lo tanto, deberían haber sido reingresadas en la Seguridad Social. Del 1998 hasta el 2007, 195 millones de euros.