La jueza aplaza el interrogatorio a la excúpula del ACA por unos contratos a dedo

La jueza de Barcelona Ángeles Fernández Tió ha aplazado el interrogatorio que estaba previsto para este jueves en calidad de imputados el exgerente de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y actual presidente de Infraestructuras de Catalunya de la Generalitat (antigua Gisa), Joan Lluís Quer, al exdirector de la entidad que gestiona el agua en la comunidad, Manuel Hernández, así como otras cuatro persona, por la presunta adjudicación a dedo durante la época del Gobierno tripartito de informe de consultoría. La magistrada ha aceptado la petición de los abogados de la defensa que han alegado que no tenían suficiente documentación. De momento no hay nueva fecha de interrogatorio.

La magistrada abrió la investigación a mediados del pasado mes de junio tras la querella presentada por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que atribuye a los imputados, 13 en total,  los presuntos delitos de revelación de secretos por funcionario, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particular, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y posibles falsedades en documento oficial o mercantil. Mañana viernes también están previstas más declaraciones.

En septiembre del 2007, el ACA, que dependía entonces de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge (dirigida por Francesc Baltasar), tramitó por concurso abierto un contrato de consultoría para la redacción del programa de medidas y del plan de gestión de la cuenca fluvial de Catalunya, que debía tener un importe máximo de 4 millones de euros. El contrato, por un importe de 3,75 euros, fue adjudicado en enero del 2008 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) DMA-Gestió, una agrupación de tres consultoras de ingeniería representada por Quer, que fue gerente del ACA entre el 2000 y el 2004. El contrato especifica que quedaba abierto a otros presupuestos complementarios, lo que de hecho permitía que el adjudicatario escogiera libremente encajarlos. Por aquel entonces, Hernández era el director de la ACA.

Y así sucedió. Entre octubre y diciembre del 2008, la misma DMA-Gestió se adjudicó 38 contratos más para trabajos complementarios, de distintos importes y que al final sumaron otros 3,9 millones. La operación de adjudicaciones en cascada sumaron 7,6 millones de millones. La Intervención General de la Generalitat expone en un informe que al menos 1,8 millones de euros no tienen justificaciones. Del resto, se detectan diferentes irregularidades, siendo la más llamativa, que había informes duplicados y pagados dos veces, otros con información anticuada y algunos copiados de internet.

La querella de la fiscalía sostiene que los expedientes de esta adjudicación presentan "un cúmulo de irregularidades tan numerosos y de tan grosero calibre" que permiten inferir que el contrato firmado con DMA-Gestió había sido "pactado y decidido previamente" de acuerdo con la adjudicataria, resultando "arbitraria", por cuanto al satisfacer una necesidad pública se "dio primacía a la finalidad de beneficiar a determinadas empresas en detrimento del resto de competidores y, en definitiva, del interés público".