El juez ordena el bloqueo de las cuentas de Rato

Tras un año de investigaciones, las medidas cautelares se toman al comparar la declaración del 2013 con los datos de la amnistía fiscal anterior

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El juez ha ordenado el bloqueo de las cuentas de Rodrigo Rato. El análisis de la situación y evolución de las finanzas del exvicepresidente del Gobierno requiere una medida cautelar a la altura del patrimonio del investigado. Según las fuentes consultadas, la paralización de las cuentas evitará la retirada de efectivo, aunque podrán seguir realizándose ingresos, que quedarán inmediatamente paralizados.

La decisión llega el mismo día en el que ha terminado el registro del despacho de Rato en el barrio de Salamanca de Madrid y un día después de que la Justicia ordenara inspeccionar el domicilio de Rato en busca de pruebas, tras admitir una denuncia de la Fiscalía de Madrid.

El magistrado Antonio Serrano ha enviado a la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), la petición del bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, así como otros productos financieros, cuyo titular sea Rato, según fuentes financieras.

La Agencia Tributaria lleva más de un año investigando a Rodrigo Rato, pero parece haber llegado el momento de tomar cartas en el asunto. El que fuera vicepresidente económico en los gobiernos de José María Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y presidente de Bankia debe rendir cuentas en profundidad.

El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho este viernes que el caso no está vinculado a la amnistía fiscal, sino a la declaración de bienes y derechos en el extranjero aprobada en el 2013. Hacienda estudia las diferencias entre la información aflorada en el 2012 y las declaraciones de Hacienda posteriores. 

EL MARCO LEGAL

La obligación de declarar cuentas y bienes en el extranjero contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado y no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar. De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF y, además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.

De acuerdo con esta obligación fiscal quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de 'Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero', con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros.

Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

ASIGNACIÓN JUDICIAL

La denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra Rato se encuentra en espera de reparto en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y recaerá en los próximos días en uno de sus juzgados de primera instancia. El juzgado de Instrucción de guardia esta semana en Madrid, que es el número 35, fue el encargado este jueves de tramitar la solicitud de "inmediata entrada y registro" en casa de Rodrigo Rato. Sin embargo, la denuncia tiene ahora que ser asignada a otro juzgado, que será el que el encargado de investigar los delitos de los que le acusa la fiscalía o inhibirse en la Audiencia Nacional si lo considera necesario.

En su denuncia, la fiscalía insta a investigar a Rato y otras personas cuya identidad aún no ha trascendido por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El juzgado decretó el secreto de las actuaciones.