El juez de Barcelona Josep Maria Miquel Porras acordó ayer el sobreseimiento libre del proceso abierto contra los seis hermanos Carulla, propietarios de la empresa Agrolimen, por presunto fraude a Hacienda. El magistrado detalla en su resolución que las operaciones realizadas, entre ellas la venta de acciones en las que participó una sociedad holandesa, son correctas y se desarrollaron en el seno del grupo empresarial, «sin lucro o beneficio de las personas físicas imputadas». La Fiscalía de Barcelona estudia presentar un recurso contra la resolución.

Mariona Carulla.

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Información publicada en la página 26 de la sección de Economía de la edición impresa del día 23 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Las pesquisas se iniciaron a raíz de un informe del 2008 de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional en Madrid. El dictamen apuntaba un presunto delito fiscal en el que supuestamente estaban involucrados los hermanos Carulla Font: Lluís, Artur (presidente de Agrolimen), Mariona (actual presidenta del Palau de la Música), Montserrat, Aurèlia y Jordi. Ellos son los principales accionistas, con sus descendientes, del grupo Agrolimen. El conglomerado empresarial tiene actualmente decenas de fábricas y dispone de marcas prestigiosas como Gallina Blanca, Ausonia, Mont-Ferrant, Afinitty, Pans & Company, Fresco y El Pavo, entre otras. La familia Carulla ha sido defendida por los abogados Emilio Zegrí y Fermín Morales.

LA INSPECCIÓN / Las sospechas surgieron a partir de una inspección al banco portugués Espirito Santo, cuyas sedes fueron registradas en el 2006 por el juez Baltasar Garzón, en una operación contra el blanqueo de capitales. Hacienda halló operaciones de la familia Carulla.

Una de las acciones investigadas es la venta por parte de la sociedad holandesa Merimare a Agrolimen de acciones por valor de 61,5 millones de euros. Las dos compañías son de la familia Carulla. «Fue una operación de autocartera controlada por las autoridades fiscales holandesas», detalla el juez. Es decir, define el magistrado, «una recolocación de fondos», pues los fondos fueron empleados en la ampliación de capital de Corporación Agrolimen. La resolución incide que la ausencia de empleados de las entidades neerlandesas que participaron en la transacción «no conduce necesariamente a inferir de ello que se tratan de entidades pantallas».

El juez tampoco ha hallado delito alguno en otras operaciones de compra y venta de acciones de empresas, ni en las efectuadas por sociedades patrimoniales de los imputados. La resolución sostiene, además, que Jordi Carulla reside en el Reino Unido y, por lo tanto, su tributación al fisco español es la correcta.