El juez archiva el caso de blanqueo contra Rato relacionado con empresas privatizadas

El juez del 'caso Rato', Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro Rodrigo Rato al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en "sospechas sin sustento". En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad en medios, a sociedades vinculadas a Rato.

El informe de la Guardia Civil denunció que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza y luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad COR Comunicación -- creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en el 2013-- y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.

En su auto, el magistrado se opone a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que en su último atestado alertó de que empresas privatizadas en la época de Rato como ministro (1996-2004) pagaron casi 83 millones por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia. Una decisión que, según han informado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía recurrirá al estimar la existencia de suficientes indicios penales para mantener abierta esta pieza separada del caso, como acreditaría el atestado, que ponía el foco sobre COR Comunicación. Para el Instituto Armado, COR habría sido la sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones, principalmente de Endesa (61,88 millones), Paradores (2,20 millones) y Repsol (1,13 millones). 

Al margen de este caso, Rato tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la ONIF en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros..

SOLO SOSPECHAS

Pese a la posición de la Fiscalía, el juez considera que "no existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas ya que, en muchos casos, "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada" tanto en las compañías como en Consejo de Ministros. Pone de ejemplo la elección al frente de Repsol de Alfonso Cortina, en la que también intervino el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, así como el nombramiento de Rodolfo Martín Villa para dirigir Endesa, que según un testigo habría sido designado desde la cartera de Industria.

En este sentido, el instructor considera que el atestado de la UCO validó una "coincidencia con diferentes lecturas" sin que éstas "vayan más allá de una mera hipótesis sin sustento fáctico" pues, en su opinión, se trata "de sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global".

El auto se refiere a los nombramientos del exvicepresidente del Gobierno Rodolfo Martín Villa como presidente de Endesa en 1997 cuando aún era parcialmente pública, de Alfonso Cortina un año antes como presidente ejecutivo de Repsol, de José Villalonga Navarro como presidente de Telefónica, de César Alierta como presidente de Altadis (Antigua Tabacalera) y de José María Fernández Olano como presidente de Aldeasa, empresa que gestiona las tiendas de los principales aeropuertos de España. Y respecto a la comisión de delito fiscal al que apuntó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria el juez concluye que los hechos denunciados no señalan qué cuota tributaria concreta relativa a qué ejercicio fiscal ha sido objeto de blanqueo por lo que al no estar individualizadas dichas cuotas, "difícilmente" se puede hablar de "supuestas operaciones de blanqueo".

A raíz de ese informe conocido el mes de abril, la Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado encargado de la investigación que le volviera a citar por la posible comisión de estos delitos. Sin embargo, el magistrado aún no se había pronunciado al respecto, y al archivar esta parte no le ha citado por los delitos de blanqueo que le atribuía el informe de la UCO. No obstante, el exministro popular ha declarado hasta un total de cuatro veces por el resto de la causa que se investiga en este juzgado.