El juez acuerda el embargo de la pensión vitalicia de Rato en el FMI

El juez Antonio Serrano-Artal ha ordenado el embargo de la pensión de Rodrigo Rato como exdirector gerente del FMI para completar los 18 millones de euros que le impuso para poder recuperar el control de sus cuentas bloqueadas desde el pasado mes de abril, tras ser detenido durante siete horas por la causa en la que se investiga su patrimonio personal y familiar.

Fuentes jurídicas han explicado que el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar facilitó al juzgado una relación de inmuebles, incluso de sus familiares, para alcanzar esta cantidad. Sin embargo, no llegó a la totalidad por lo que el juzgado la ha completado con el embargo de esta pensión.

Rato fue detenido el pasado 17 de abril y al día siguiente el juzgado le bloqueó todas sus cuentas bancarias. El exdirigente del PP pidió que se levantara este bloqueo. La petición fue atendida por el juez Serrano-Artal a cambio de que se depositaran estos 18 millones de euros. El togado no explicó entonces cómo había calculado esta cantidad como posible responsabilidad civil.

LAS CIFRAS DE LA FISCAL / No obstante, esta cifra coincide con la aportada por la fiscalía anticorrupción en el informe que ayer presentó en la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Fernando Andreu de rechazar la competencia de este caso, al asegurar que la misma corresponde a Serrano-Artal porque los delitos que se imputan a Rato se han cometido en Madrid.

En este escrito, se detallan los ingresos que ha percibido Rato desde el 2006 hasta el 2014 que alcanzaron los 12 millones de euros. Además, la fiscalía explica que el exvicepresidente del Gobierno ha cobrado 6,5 millones de euros en divisas.

En este escrito, la fiscal Elena Lorente sostiene que Rato recibió este dinero a través de dos bancos domiciliados en Madrid y en Lleida. Y explica que varias partidas han acabado en un hotel en Alemania por lo que reitera que el posible delito de blanqueo de capitales se ha cometido en el extranjero.

Sin embargo, Andreu no asumió esta posición y estableció que el delito no se ha cometido en su totalidad en el extranjero cuando rechazó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de este caso.

NUEVOS INTERROGATORIOS / Mientras se resuelve esta cuestión de competencia, el juez Serrano-Artal continúa con la investigación. Ayer interrogó al abogado Domingo Plaza por los delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales. Tras tomarle declaración le dejó en libertad con cargos. Este letrado constituyó una de las empresas de Rato en Sotogrande (Cádiz). En su declaración, según fuentes jurídicas, defendió la legalidad de su trabajo. Este es el tercer imputado en este caso. Solo el empresario Alberto Portuondo permanece en prisión ante el riesgo de fuga.