PROCESO DE INSOLVENCIA
El juez abre la fase de convenio en el concurso de Pescanova
La banca prosigue las negociaciones con Damm y los fondos Centerbrige y Bluecrest para alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración
El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra ha dictado hoy un auto por el que declara el fin de la "fase común" del concurso de acreedores de Pescanova y la apertura de la "fase del convenio", según un hecho relevante publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según ha comunicado la empresa gallega a la CNMV, en el auto remitido a la administración concursal de Pescanova el juez fija varias fechas límites para la presentación y aceptación de propuestas de convenio.
El plazo límite para la presentación de tales propuestas terminará el 28 de febrero de 2014, por lo que se admitirán los escritos presentados con ese fin hasta las 15:00 horas del 3 de marzo.
La fecha tope para presentar adhesiones o votos en contra a las propuestas de convenio será el 31 de marzo de 2013, por lo que "si se presentan mediante escrito que incorpore el instrumento público mediante el que se hayan efectuado en plazo, podrá verificarse hasta las 15:00 horas del 1 de abril de 2014", según el hecho relevante.
Durante la fase de convenio debe establecerse el reconocimiento de deuda y la calificación de los créditos, según el orden de prelación. Previamente el juez ha determinado que los créditos de Novagalicia Banco sean calificados como deuda subordinada, ya que la entidad financiera era accionsita de Pescanova, lo que retrasa su derecho de cobro por detrás del resto de los bancos.
Los representantes de la banca siguen las negociaciones con los asesores de Damm y los de los fondos Centerbrige y Bluecrest con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el plan de reestructuración de la conservera. Fuentes financieras señalan que no se prevé que el acuerdo sea inmediato dado que todavía existen discrepacias entre las porpuestas de los dos grupos, que plantean quitas cercanas al 80% de la deuda --esta supera los 3.500 millones--, cuando los bancos no aceptan una quita por encima del 70%, además de capitalizar una parte de los créditos.
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