ASIGNATURA PENDIENTE

Jóvenes sin garantía de empleo

Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

ANTONI FUENTES / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una de las grandes asignaturas suspendidas y pendientes de aprobar en el mercado de trabajo es la integración laboral de los jóvenes. Muchas voces ya hablan de una generación perdida por las dificultades que tienen para salir del paro y para encontrar un empleo que les permita sobrevivir por su cuenta. Por eso, el plan de garantía juvenil que puso en marcha la Comisión Europea en el 2013 fue recibido como una esperanza. Pero esa garantía de empleo llega con cuentagotas a los jóvenes.

Según un reciente informe presentado por el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en el Parlament, solo cuatro de cada 10 jóvenes inscritos en el programa de garantía juvenil estaban trabajando o formándose seis meses después de haberse registrado como beneficiario del plan. "Pasar por el programa no garantiza una inserción laboral posterior", indica el estudio, que cuantifica en un 37,7% los jóvenes españoles que seis meses después de haberse apuntado al plan tenían trabajo, prácticas o estaban siguiendo algún curso de formación

MÁS TEMPORALIDAD

Aparentemente, el problema del paro juvenil, que se disparó durante la crisis hasta el 37,4% del colectivo de 16 a 29 años, se ha reducido sustancialmente en tan solo tres años hasta el 25,4% al finalizar el 2016 en Catalunya. En la franja de edad hasta los 24 años, llegó a superar el 50%. 

Sin embargo, a medida que bajaba el paro crecía la precariedad laboral, hasta llegar casi al 50% de temporalidad de los empleos, y también aumentaba el problema estructural de la sobrecualificación con un 38% de los jóvenes que ocupan puestos de trabajo que requieren menos estudios que los que tienen. Y paralelamente, sigue cayendo la cifra de jóvenes que logran emanciparse de sus padres, con un 23,9% en el 2016.

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"\"Cuando baja el paro","text":"\"Cuando baja el paro\u00a0pero sube la precariedad laboral, algo se est\u00e1 haciendo mal\", asegura Oriol Recasens, presidente del Consell de la Joventut"}}

"Cuando baja el paro pero sube la precariedad laboral y la sobrecualificación y empeora la tasa de emancipación, algo se está haciendo mal", asegura Oriol Recasens, presidente del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, una plataforma que agrupa a 90 asociaciones juveniles.

El Consell, junto con las organizaciones sindicales juveniles Avalot (UGT) y Acció Jove (CCOO), denunciaron la semana pasada en el Parlament que el plan de garantía juvenil no cumple con su objetivo declarado de mejorar la ocupabilidad real de los jóvenes. "Hay que ir más allá del plan de garantía juvenil con una estrategia transversal más allá de las acciones durante seis meses", indica Recasens.

PÉRDIDA DE FONDOS EUROPEOS

El plan de garantía juvenil tiene "muchas deficiencias", hasta el punto de que "la aplicación en España es una irresponsabilidad -según el representante del Consell- porque se bonifica a las empresas por hacer contratos de seis meses, lo que acaba fomentando la precariedad y pervirtiendo el objetivo inicial".

Entre las ineficiencias se encuentra la escasa utilización de los fondos europeos asignados a España debido al retraso en la puesta en marcha de las acciones y al reducido número de jóvenes beneficiarios. Este problema amenaza con dejar al Estado sin cientos de millones del presupuesto inicial al no haberse gastado. En Catalunya, la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, admitió que la Generalitat podría perder hasta 42 millones de euros.  

A pesar de los cambios introducidos hace unos meses para reducir la burocracia que tenían que superar los jóvenes a la hora de inscribirse y eliminar casi por completo los requisitos previos, que ahora son de un único día en paro, el ritmo de inscripciones tampoco crece sustancialmente. En Catalunya, en enero hubo 2.709 peticiones de inscripción y 1.690 en diciembre del 2016, frente al récord de 4.623 en febrero del año pasado. 

Las ineficiencias del plan llevaron al Parlament a aprobar por unanimidad una resolución con el fin de trasladar al Gobierno central la necesidad de flexibilizar todavía más los requisitos para poder desplegar un "modelo catalán de garantía juvenil adecuado y coherente con la realidad del territorio y las necesidades de los jóvenes de Catalunya", según explica el Consell.