Izquierda Unida se querella contra Rato y otros 31 exconsejeros del BFA y Bankia por estafa
El texto reclama que se ordene el embargo de bienes de los querellados por valor de 24.945 millones de euros
Izquierda Unida (IU) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia y del Banco Financiero de Ahorro (BFA) por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que intentaron "ocultar" su situación de insolvencia. El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha anunciado en rueda de prensa en la mañana de este lunes la interposición de esta querella, que será presentada ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 cuyo titular, Fernando Andreu, ya investiga estos hechos en la causa principal de Bankia y en varias piezas separadas sobre preferentes.
Según ha explicado el abogado Enrique Santiago, en el texto reclaman al magistrado que ordene el embargo de los bienes de los exconsejeros por valor de 24.945 millones de euros, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo del 2012, medida que extienden también a BFA y Bankia. Los querellados son los mismos que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo su expresidente, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, y las dos entidades como personas jurídicas.
Además, IU pide como medida cautelar el embargo de los bienes de los exconsejeros que provenían de Caja Madrid -como Moral Santín, José Manuel Fernandez Norniella o el propio Rato- por valor de 3.000 millones, que fue la cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.
Por último, reclama al juez que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía a través de la Abogacía del Estado y que los exconsejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos. En concreto, la formación les acusa de siete delitos: uno de asociación ilícita, otro contable por falseamiento de cuentas; apropiación indebida; administración desleal; falsedad en documento mercantil y falseamiento de la información económico financiera.
Además, ha precisado, señalan al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la perpetración de estos hechos. Unos hechos que pasan, ha señalado Santiago, por la "insolvencia de facto de las cajas de BFA en las cuentas de 2009"; la constitución de la SIP; el "engaño y estafa" en su salida a bolsa en julio de 2011, "acompañada de la ocultación de su situación de insolvencia" y la emisión de preferentes por parte de Caja Madrid. También el traspaso del negocio bancario de la matriz a Bankia como paso previo a su debut bursátil, la oferta pública de acciones de Bankia, las remuneraciones que percibieron los exconsejeros y el "proceso de intervención por el Estado en mayo de 2012", cuando se reformularon las cuentas y pasaron de tener unos beneficios de 309 millones a 2.979 millones.
Cayo Lara ha explicado que la razón que explica la interposición de esta querella ahora, cuando desde el verano del 2012 está abierta la causa en la Audiencia Nacional a raíz de la que presentó en su momento UPD, es que IU probó primero la vía política intentando forzar en cinco ocasiones la creación de una comisión de investigación, que fue rechazada por el PP en el Congreso. Para el coordinador de IU, esta acción era "una obligación ética y política" porque los querellados son "autores y ejecutores" de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles "la situación desastrosa de Bankia", moviéndose por "lucros personales".
El origen de todo ello, ha dicho, se sitúa en la mala situación de las siete cajas que conformaron el grupo, que "nació muerto", ya que sus componentes eran "siete manzanas podridas" que fueron "obligadas" por el Banco de España a fusionarse. A juicio de Lara, el primer apoyo que recibió del FROB de 4.465 millones debió ser el momento en que se tuvo que nacionalizar la entidad y sustituir los consejeros, pero "decidieron coger el camino que conocemos y llevarnos al desastre".
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