Ciento quince diputados del PSOE e Izquierda Plural, grupo formado por IU, ICV y Chunta Aragonesista, respaldaron con sus firmas el recurso de inconstitucionalidad presentado ayer contra la reforma laboral al considerar que quebranta el principio de igualdad de la Constitución y supone una «profunda transformación» de las reglas del juego del Estado social que propugna la Carta Magna.

Joan Coscubiela, de ICV, y la socialista Soraya Rodriguez presentan el recurso en el Constitucional. DAVID CASTRO

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Información publicada en la página 26 de la sección de Economía de la edición impresa del día 06 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El recurso se formalizó en vísperas de que acabe el plazo legal (el próximo lunes) ya que se dirige contra la ley, y no contra el decreto, que está en vigor desde el pasado 6 de julio. El fundamento de la denuncia afecta a tres bloques de materias: la vulneración de la negociación colectiva -por eludir la fuerza vinculante de los convenios colectivos y dejar la posibilidad de descuelgue en manos de la comisión consultiva de convenios colectivos- y la vulneración del derecho al trabajo y de los principios de igualdad y de libertad sindical.

El contrato de emprendedores también está en el punto de mira. Para la izquierda este contrato introduce desigualdad entre los trabajadores porque no contempla un periodo de prueba.

EL PACTO ANTERIOR / Los recurrentes reprochan al Gobierno que «desdeñara» el acuerdo por la negociación colectiva y la moderación salarial firmado por los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CEPYME a finales de enero pasado, dos semanas antes de la aprobación del decreto y que abría un camino para flexibilizar el mercado de trabajo durante la crisis.

Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, afirmó que la reforma de Mariano Rajoy conlleva «consecuencias muy negativas para los trabajadores» y se ha demostrado «claramente inútil para el propósito de crear empleo». José Luis Centella, portavoz de IU, acusó al PP de «legislar contra las personas» y dar un «golpe institucional» al pretender cambiar el fondo de los principios de la Carta Magna.

Joan Coscubiela, diputado de ICV, confió en que el alto tribunal se pronuncie con rapidez ya que «12 millones de trabajadores están pendientes de sus derechos». Coscubiela subrayó que en apenas ocho meses la reforma laboral ha conseguido que casi medio millón de personas pasen a engrosar las filas del paro, de las que, según Soraya Rodriguez, debería responsabilizarse Rajoy.