En caso de duda, dos fuentes. La difusión del incremento de los precios durante el mes de septiembre según los cálculos del INE, el clásico IPC mensual, vino acompañado ayer, por primera vez, de un nuevo indicador, el IPC-IC, esto es, los precios a impuestos constantes. Este nuevo método de cálculo fue ideado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo (CSEE) en el 2009, y es de obligatoria publicación desde que se aprobó el reglamento el pasado 26 de septiembre. Este indicador de corte europeo es distinto del llamado IPC armonizado, IPCA, que acostumbra a conocerse el último día de cada mes para cada país. Habitualmente, entre el IPC estatal y el IPCA no hay apenas diferencia (en septiembre, por ejemplo, fue de una décima).
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Pues bien, el IPC español del mes de septiembre fue del 3,4%, siete décimas más que el mes de agosto. En Catalunya llegó al 3,9%, siendo los precios farmacéuticos el principal causante. Inflación muy alta, por causas que van desde los carburantes hasta el traslado del aumento del IVA a los bienes de consumo. Por contra, la inflación subyacente (y van cuatro índices), la que no tiene en cuenta los precios más volátiles (que pueden subir o bajar con facilidad) como alimentos y carburantes, se quedó en el 2,1%, aunque también subió siete décimas.
Pero la gran sorpresa fue otra: el IPC-IC en septiembre se quedó solo el 1,4%, con una caída (sí, retroceso) de nueve décimas. ¿De dónde sale tan distinta variación entre uno y otro índice? Sencillo: el IPC-IC descuenta de la variación de precios la parte que se puede deber a la modificación de los impuestos que gravan el consumo. En tres letras, el IVA, que subió tres puntos -el general, del 18% al 21%- en septiembre. La conclusión, con este esquema, es que de no haber subido el IVA, los precios habrían bajado. Argumento al que se apuntaron enseguida los empresarios: la CEOE hizo saber ayer que el dato del IPC-IC confirma «que una gran parte de la subida del IVA se ha descontado de los márgenes empresariales».
La sospecha es saber si el Gobierno aprovechará la aparición del nuevo indicador para aplicarlo a la revisión de las pensiones. Preguntado por esa opción y de si era legal, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, no lo negó: apuntó que había tiempo hasta noviembre -mes en que se revisan las pensiones- y sentenció rotundo: «Cualquier decisión que se tome será legal».