Intervención en toda regla

La intervención silenciosa que sufre la economía española desde hace dos años se convirtió ayer en una intervención en toda regla.

Desde que el 10 de mayo del 2010 el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero se plegó a los recortes y sacrificios impuestos por la Unión Europa con el célebre tijeretazo sobre pensiones y funcionarios, la intervención de la Unión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) sobre las decisiones económicas de España ha ido a más.

Ayer se dio un salto cualitativo. Si España quiere recibir de Europa el préstamo de hasta 100.000 millones de euros con el que sanear su banca, no solo tendrá que cumplir las 32 medidas financieras que se detallan en el Memorando de Entendimiento (MoU, según la sigla de su denominación en inglés) acordado entre el Gobierno y la Unión Europea. Además, según este mismo documento de 20 páginas, tendrá que cumplir de forma obligatoria las medidas establecidas por la UE para reducir el déficit público, así como ciertas reformas estructurales.

Las primeras consecuencias de este nuevo estatus se comprobarán hoy mismo en el Congreso de los Diputados, donde se espera que el presidente Mariano Rajoy, emulando aquel discurso de sangre, sudor y lágrimas de Zapatero, anuncie un paquete de medidas que se esperan muy duras y que, según una fuente cercana al Gobierno «no defraudarán» ni a la Unión Europea, ni a la cancillera alemana Ángela Merkel.

Una subida del IVA, medidas para bajar la masa salarial de los funcionarios, una reforma del seguro de desempleo y la aplicación anticipada de la nueva edad de jubilación de 67 años son algunas de las medidas que ha estado estudiando estos días el Gobierno, sobre las que podría incidir hoy Rajoy.

CONDICIONES / Lo que dice el Memorando de Entendimiento es que España deberá cumplir a rajatabla los nuevos objetivos de déficit público y aplicar de forma estricta la ley de estabilidad presupuestaria para controlar las cuentas autonómicas. También será obligatorio crear un organismo fiscal independiente. Además, el Gobierno español debe acometer una subida de impuestos que permita cumplir el déficit «apoyando el crecimiento económico», eliminar la deducción por compra de vivienda, aplicar la reforma laboral, reformar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y eliminar barreras para la creación de empresas, así como completar las conexiones de gas y electricidad con los países vecinos.

Pese a tanto detalle, el ministro de Economía, Luis de Guindos, siguió negando ayer la existencia de condiciones más allá de las que afectan al sector financiero. El ministro calificó de «muy positivos» los acuerdos alcanzados por España sobre las condiciones al rescate bancario y sobre la prórroga de un año para la reducción del déficit y negó haber tenido que asumir «más imposiciones» ni «compromisos adicionales de ningún tipo» en materia de política económica. «No hay condicionalidad macroeconómica», dijo el ministro ya que, según explicó, los requisitos en materia de ajustes y reformas «se establecen de forma habitual en el procedimiento de déficit excesivo» al que está sometido España desde abril del 2009.

Los requisitos son los mismos, como dijo el ministro. La diferencia es que lo que hasta ayer eran «recomendaciones», se convirtieron de pronto en obligaciones -como adelantó a finales de junio el comisario Joaquín Almunia-, y eso encaja con el concepto de economía intervenida, si bien de una forma mucho más suave que en Grecia, Irlanda o Portugal.

En el MoU, después de aludir a la obligación de cumplir las condiciones financieras impuestas se afirma: «En paralelo, España tendrá que cumplir plenamente con sus compromisos y obligaciones derivados del procedimiento de déficit excesivo y la recomendaciones para corregir sus desequilibrios macroeconómicos dentro del semestre europeo». Tanto el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, como el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, resaltaron ayer la literalidad de esta frase.

«El Gobierno debe adoptar de forma rápida las medidas adicionales necesarias para cumplir con los objetivos de déficit de este año», subrayó el comisario Rehn, informa Eliseo Oliveras. Y antes de que acabe julio debe presentar un plan de ajuste presupuestario para 2013 y 2014. Además, para completar el esquema de tutela europea sobre la economía española, se obliga a España a que cada tres meses rinda cuentas ante la CE sobre las medidas adoptadas y la evolución de las cuentas.