Rato insiste en la legalidad de su patrimonio por tercera vez ante el juez

Rodrigo Rato defendió este viernes, por tercera vez, ante el juez Antonio Serrano-Artal la legalidad de su patrimonio personal y familiar al declarar como investigado por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. En esta ronda también han sido interrogados el abogado y exadministrador de Krandonara, el epicentro del entramado societario del exvicepresidente del Gobierno, Domingo Plazas, el ejecutivo de Lazard, Pedro Pasquín, una cuarta persona que no ha sido identificada y dos testigos.

Fuentes judiciales informaron que todos ellos respondieron a las preguntas del togado y este no les impuso medidas cautelares. A Rato ya le retiró el pasado mes de octubre el pasaporte tras tomarle declaración en la causa principal de esta investigación. Ahora ha sido interrogado en una nueva pieza que está declarada secreta.

Por estos motivos los datos que trascendieron los facilitó Rato en declaraciones a la agencia EFE, como viene siendo habitual tras cada decisión judicial. El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar defendió ante el juez el origen "lícito y legítimo" de su patrimonio. También insistió en que su actividad profesional "ha sido declarada y tributada". Y mantuvo que su patrimonio en el extranjero tiene "un origen familiar".

Su comparecencia ante el juez se prolongó durante 40 minutos. El exvicepresidente del Gobierno llegó a primera hora de la mañana a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid y fue increpado por un grupo de preferentistas. Rato abandonó esta sede judicial al filo de las cinco de la tarde. Durante este tiempo, en contra de algunas manifestaciones, no declaró su hermana María de los Ángeles.

En la sesión de ayer también compareció Plazas, cuyos despachos en Sotogrande (Cádiz) y en Madrid fueron registrados el mismo día en que Rato fue detenido durante siete horas mientras agentes de la Agencia Tributaria registraban su casa y su despacho. Plazas contituyó la empresa Krandonara, que recibió 800.000 euros de Albisa, la sociedad del testaferro del exbanquero, Alberto Portuondo, que, a su vez, facturó dos millones de euros a las empresas de publicidad que contrató Bankia cuando ya la presidia Rato para publicitar la salida a bolsa de esta entidad.

Precisamente, el jueves declaró en esta causa el abogado de las dos empresas de publicidad que pagaron esta comisión a Portuondo. El letrado aseguró que la relación con el testaferro del exvicepresidente del Gobierno era "perfectamente legal".

LAS CONEXIONES CON LAZARD

El juez también tomó declaración a Pasquín, ejecutivo de Lazard. Esta empresa abonó a Rodrigo Rato 6,1 millones de euros desde que el exvicepresidente comenzó a trabajar en este fondo de inversión en el 2007 hasta que dejó este puesto para presidir Caja Madrid en el 2010, aunque luego siguió recibiendo transferencias por derechos de acciones que vencían en el 2011.

Además, Pasquín, Rato, y el presidente de Lazard, Jaime Castellanos, administraron una mercantil, Paracuga, que adquirió un local en Alcorcón (Madrid) que está arrendado a Mercadona.

El presidente de Lazard reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en febrero del 2013 quer era amigo de Rato porque "le conocía desde hacía mucho tiempo". También explicó que el exvicepresidente del Gobierno cobró un millón de dólares anuales mientras trabajó con ellos. Y que Bankia, cuando ya la presidía Rato, le abonó cuatro millones de euros "por trabajos de asesoramiento" ante la salida a bolsa de la entidad.

Esta investigación secreta se ha desgajado de la causa principal que se abrió tras una querella de la fiscalía de Madrid tras una denuncia de la Agencia Tributaria. En la querella se acusaba al exvicepresidente del Gobierno de haber recibido 6,5 millones de euros en divisas de origen desconocido.

El juez de Madrid consideró que estas actividades debían ser investigadas por su colega Andreu que ya instruía una causa contra Rato por la fusión de Bankia y su salida a bolsa. Sin embargo, el togado de la Audiencia Nacional se negó al considerar que el presunto delito de blanqueo de capitales se había perpetrado en España aunque el dinero acabase en una empresa alemana que administra un hotel en Berlín del que es propietario Rato.

La fiscalía anticorrupción imputa a Rato varios delitos al considerar que ha recibido ingresos de origen desconocido y que no ha declarado correctamente su patrimonio, a pesar de que el exvicepresidente se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.