Ineficiencia legal en el sector eléctrico

El próximo 5 de diciembre unas 14.000 empresas deberán haberse sometido a unas auditorías para certificar su eficiencia energética. Es una obligación para el conjunto de las grandes compañías europeas. El problema es que el Gobierno español no ha adoptado todavía la directiva de la Unión Europea (UE) que establece esta obligación. El vacío legal provoca inquietud en muchas compañías, según Albert Mitjà, presidente del Clúster de Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC).

La normativa afecta a las compañías que tengan más de 250 empleados, o menos pero un volumen de negocio de 50 millones de euros y un balance general que exceda los 43 millones. En todo caso, solo se conocerá a ciencia cierta cuando se transponga la directiva a la legislación nacional, que puede establecer requisitos imprevistos como, por ejemplo, si se tienen que incluir las filiales de las empresas en todo el territorio, tengan el tamaño que tengan, etc. El último borrador de real decreto que circula sobre esta cuestión es de junio pasado. Las variaciones de la última propuesta son las que hacen que las estimaciones de empresas afectadas suban de las 2.100 previstas inicialmente a unas 14.000.

Bruselas tiene a España y a otros 10 estados miembros en su punto de mira y ha lanzado una última advertencia antes del procedimiento de infracción después de que en julio del año pasado, cuando vencía el plazo, no hubieran adaptado esta directiva a la legislación nacional. También están en esta situación Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Finlandia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, Polonia y Portugal.

El objetivo de la directiva es que los países miembros alcancen determinados niveles de ahorro energético en el periodo que va del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2020 para que el conjunto de la UE pueda alcanzar en ese ejercicio el objetivo de un 20% de eficiencia energética.

Aun en el supuesto de que el actual Gobierno central, que ya está en funciones, decidiera aprobar el real decreto sería difícil que todas las empresas que tienen que cumplir la norma puedan hacerlo en el plazo previsto del 5 de diciembre. Ni siquiera con la prórroga prevista inicialmente de tres meses, hasta el 5 de febrero del año que viene, estima Mitjà. La falta de una regulación concreta hace que las empresas afectadas, aunque en muchos casos ya se sometan a auditorías y controles para mejorar la eficiencia energética, no sepan a qué tipo de evaluación someterse, bajo qué requisitos ni otros muchos detalles.

CADA CUATRO AÑOS

Las auditorías energéticas que están previstas deberán hacerse cada cuatro años. La normativa europea que debe trasponerse prevé inspecciones para comprobar si las empresas afectadas cumplen, e incluso hay un régimen sancionador en el caso de que no lo hagan.

Las compañías que deban superar la auditoría tendrán que analizar el consumo energético en sus diferentes edificios, tanto los de servicios como los industriales, pero también el derivado de la producción y del transporte de la compañía. Los análisis deberían ofrecer alternativas para rebajar el gasto energético, lo que podría revertir en una reducción de costes a medio plazo.

Compañías especializadas en certificación como Bureau Veritas estiman que el coste de este tipo de actuaciones para las empresas asciende a unos 20 millones de euros.