El Institut Català del Sòl (Incasol), que depende de la Generalitat, presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 203 de sus 496 empleados, 79 de ellos altos cargos, lo que supone una reducción de plantilla de aproximadamente el 40%.

El director general del Incasòl, Josep Anton Grau, ha comunicado este viernes al comité de empresa esta decisión y le ha emplazado a una reunión que tendrá lugar el próximo martes, día 29, cuando está previsto que se presente el ERE ante el Departamento de Trabajo. A partir de entonces, Generalitat y comité negociarán la aplicación de este ERE, que se prevé que esté aprobado y aplicado en el plazo de un mes.

Ésta es la primera empresa pública de la Generalitat que lleva a cabo una reducción tan drástica de su plantilla y se produce en el marco del tercer plan de ajuste de la administración catalana que el Govern anunció la semana pasada y con el que pretende ahorrarse 1.500 millones de euros.

El Incasòl ha justificado este recorte de personal por la necesidad de redimensionar la empresa para garantizar su viabilidad y "adaptarse a la nueva realidad del mercado inmobiliario y de la construcción", que ha caído de manera drástica en los últimos años por la crisis.

En concreto, la Generalitat plantea bajar el número de altos cargos de los 142 actuales a 63, lo que supone despedir a 79 de ellos (el 55%), mientras que el resto del personal laboral pasará 354 a 203, con lo que se rescindirá el contrato a 124 personas (35%). Fuentes del Incasòl han señalado que hay poco margen para prejubilaciones.

Nuevas empresas

Desde el inicio de la crisis, la actividad inmobiliaria del Incasòl ha bajado un 80%, lo que ha hecho caer los ingresos por facturación de 180 a 60 millones de euros en 2012. Además, el organismo, que arrastra un fuerte endeudamiento y pérdidas acumuladas, cuenta en 2012 con un presupuesto que es un 40% inferior al del ejercicio anterior.

Hasta el momento, la Generalitat había presentado un ERE en GISA, la empresa que controla las obras públicas del Govern, y otro en la Agencia Catalana de Cooperación, que afectó a medio centenar de personas en cada caso. Pero los sindicatos temen que haya nuevas empresas públicas afectadas.