Medidas contra la crisis

El impuesto de patrimonio irrumpe en la batalla para frenar el déficit

SALVADOR SABRIÀ
BARCELONA

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la caída general de la recaudación de impuestos y el escaso crecimiento de la economía, unidas a las exigencias de financiación de muchas autonomías y ayuntamientos agudizan la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. En este sentido, una de las fórmulas que está entrando con fuerza en el debate sobre la contención del déficit en los últimos días es el retorno del impuesto sobre el patrimonio.

Esta figura impositiva fue retirada en el 2008. No se eliminó, sino que el Gobierno le aplicó una exención del 100%, por lo que no tendría excesivos problemas para poder acabar con la citada reducción casi de un día para otro. Los ingresos de este impuesto estaban cedidos a las comunidades autónomas. Pero como la decisión de eliminarlo fue del Gobierno central, este tuvo que compensar a las autonomías por el importe que dejaron de ingresar. Si se recupera, posiblemente las autonomías se quedarán igual, mientras que Ejecutivo central se ahorrará ese trasvase de dinero.

Según los datos de la Agencia Tributaria, en el último año en el que estuvo en vigor, referido al ejercicio fiscal del 2007, lo pagaron 967.793 contribuyentes, que aportaron a las arcas públicas unos 2.121 millones de euros. Aunque la cifra no es muy significativa y no serviría para solucionar el problema del déficit, sí que podría contribuir a sufragar medidas de estímulo económico.

REPARTIR LAS CARGAS/ En todo caso, tendría un efecto ejemplificador de reparto de las cargas de la crisis, como se han encargado de poner negro sobre blanco los dirigentes de las dos centrales sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. En la carta que remitieron al presidente del Gobierno el pasado viernes con propuestas «ante la gravedad de la situación económica española y europea», los líderes sindicales advertían de que cualquier sacrificio de moderación salarial será «baldío» si no se acompaña de medidas de mejora de ingresos públicos.

En este punto, además de la lucha contra el fraude, los sindicatos reclaman que se «implanten los anteriores tipos de gravamen en el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones», entre otras medidas fiscales.

La respuesta a esta demanda por parte del Gobierno fue bastante lacónica. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, se limitó a explicar que este tema no estaba entre los que había aprobado ese día el Gobierno. Pero no se abstuvo de reconocer: «Si hubiéramos sabido la profundidad que iba a tener la crisis no hubiéramos eliminado entonces el impuesto de patrimonio». Cuándo se aprobó la exención de 100% la vicepresidenta era Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes el titular de Economía.

El Ejecutivo tiene previsto reunirse de nuevo el próximo viernes para aprobar, en principio, medidas de reforma del mercado de trabajo, facilitando más la flexibilidad en los contratos a tiempo parcial.

«La recuperación del impuesto sobre el patrimonio es una de las medidas que tiene más a mano el Gobierno», destacó el experto en fiscalidad del Consejo General de Colegios de Economistas, Leopoldo Pons. Según este economista, la medida serviría para legitimar subidas de impuestos posteriores más duras, como la que afectaría al IRPF.

De momento, lo que ha aprobado el Gobierno ha sido una rebaja de impuestos, del 8% al 4% del IVA para la compra de viviendas nuevas, aunque espera que tenga un balance final positivo para las arcas del Estado. Es mejor un 4% de algo que un 8% de nada.