La hora de las entidades

Desde el inicio de la crisis socioeconómica del 2008, vivimos un grave deterioro de la dignidad y de las condiciones de vida de muchas personas. La pobreza relativa en España, como indicaba hace pocos días el Instituto Nacional de Estadística, es superior al 22% para el conjunto de la población. Esta situación se hace dramática en el caso de la infancia menor de 16 años, que está por encima del 30%. Además, en estos años se han acentuado las desigualdades. De hecho, algunos datos afirman que el 10% de la población dispone de más del 55% de la riqueza, cuando el 30% de los ciudadanos solo se benefician del 2,3%. La cifra de parados, aunque ha mejorado últimamente, es superior al 20%. Intolerable. Y es intolerable por la exclusión que conlleva y por la precariedad e insuficiencia de los nuevos empleos, afectando muy especialmente los jóvenes.

Asimismo, la manera de abordar el envejecimiento de la población a través de la ley de dependencia también se ha visto fuertemente reducida por la falta de recursos, entre otros factores. También hemos constatado las limitaciones de nuestros estados, constreñidos en muchos casos por decisiones supranacionales, fruto en buena parte del contexto de globalización económica y los cambios geopolíticos. Estas circunstancias han impulsado nuevas formas de participación y de reivindicación de los espacios públicos.

Y en este nuevo marco, ¿qué papel deben tener las entidades del tercer sector? ¿Debemos continuar yendo a remolque de las políticas públicas? ¿Debemos disponer de una agenda propia? ¿Y con qué modelo?

Una cuestión sustancial es la defensa de los derechos sociales. Somos sociedades suficientemente ricas para poder garantizar unas mínimas condiciones de vida y de igualdad de oportunidades a las personas. Disponemos de un sistema impositivo aún alejado de la media europea que debería permitir garantizar esta dignidad. Esto no quita que haya que hacer revisiones sobre qué derechos son prioritarios y si es necesario introducir ajustes en función de la renta de los beneficiarios.

También hemos aprendido que no podemos dejar en manos de los gobiernos legítimamente elegidos la total autonomía en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Ni limitarnos cada cuatro años a ratificar o cambiar nuestros representantes. Necesitamos más transparencia y devolver -desde el tercer sector- la capacidad de incidencia política, denunciando y proponiendo nuevas actuaciones.

Ahora bien, los derechos y la responsabilidad pública no deben ser un obstáculo para potenciar la iniciativa social, y por tanto, la de las entidades no lucrativas. Las personas no somos meros consumidores de unos servicios sociales, educativos o sanitarios, suministrados por un operador. Por dignidad, queremos construir nuestra vida y la de nuestra comunidad. Y, por tanto, el tercer sector tiene la vocación de contribuir a articular este espacio vital, identificar nuevas necesidades, innovar y dar, si puede, una primera respuesta. En los próximos años, será clave movilizar voluntades y recursos para poder hacer crecer la calidad de vida de las personas y de nuestros barrios, ciudades y pueblos. Así, el incremento del voluntariado, (complementario de la acción remunerada con aportación de un valor añadido) y la captación de recursos de origen empresarial o de donantes particulares serán también determinantes para poder disponer de unas prioridades propias interrelacionadas con los otros agentes que generan el bienestar social.

Mayor protagonismo

En la implantación de los servicios públicos nos jugamos, en buena parte, la calidad de la atención a las personas más vulnerables, especialmente cuando se hacen según un determinados valores y estilo. Por ello, las entidades deben estar presentes en la concertación y contratación pública con un modelo que, en beneficio de los ciudadanos, pondere la calidez y solidez de la intervención más allá del precio. Y el nuevo marco jurídico europeo ahora lo permite.

El tercer sector es también generador de riqueza y de empleo. Según los datos del Anuari del Tercer Sector y del barómetro del empleo promovidos por la Taula del Tercer Sector Social y la confederación, representa el 3% del PIB de Catalunya. Y emplea a más de 85.000 personas. Es, por tanto, un agente clave que hay que impulsar facilitando su crecimiento y consolidación también en aspectos más organizativos, que tienen un notable potencial.

La garantía de la calidad de los servicios de atención a las personas se encuentra en los equipos humanos, asalariados o voluntarios. Hay que seguir invirtiendo en la capacitación y desarrollo de sus competencias. Y esto se puede hacer tanto en programas básicos a menudo vinculados a ciclos formativos o certificados de profesionalidad, o en la formación universitaria de grado o de maestría, sin olvidar la formación continuada que a menudo se abandona cuando se introducen otras prioridades. Ahora bien, no puede ser solo una formación técnica, sino que hay que combinar el ser, y el saber hacer, y relacionarse, con los conocimientos. La identidad y las convicciones, así como el autoconocimiento, deben ser primordiales en estos espacios.

Las entidades del tercer sector están sometidas a la transparencia, que nos pide la sociedad y sus representantes. Por lo tanto, deben ser capaces de poder explicar claramente cuál es su contribución social y qué aportan, más allá del número de cifras de beneficiarios y de satisfacción de los mismos. Se impone trabajar para la evaluación del impacto y el uso de las redes sociales para explicar actuaciones a impulsar, conectar con la sociedad y denunciar situaciones injustas.

Estamos en un cambio de época donde también el tercer sector debe reorientarse para continuar respondiendo a esta vocación de interés general, desde una sociedad más relacional e implicada en los asuntos públicos, teniendo como centro la persona.