Hacienda reclama el IVA de las subvenciones al transporte y otros servicios

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AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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Hacienda ha hallado un nuevo filón en el que pescar: el IVA de las subvenciones a empresas de transporte y otros servicios públicos y que están destinadas a paliar el déficit o proporcionar precios "políticos" en actividades que, de otra forma, no cubrirían los costes reales que soportan. Esto afecta también entidades culturalescentros cívicos y de investigación equipamientos deportivos y otro tipo de servicios. En muchos casos, difícilmente pueden pagar las cantidades que reclama el fisco que se refieren a los últimos cuatro años.   

En el sector público catalán se acumulan ya actas por estos conceptos, aunque afecta a todo el Estado, según ha podido saber este diario. No se refieren solo al 2016 sino a los últimos cuatro ejercicios no prescritos. En el sector del transporte en Catalunya, uno de los más implicados, la cantidades afectadas por la actuación del fisco pueden alcanzar los 60 millones, según distintas fuentes. 

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) mantiene impugnadas ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) liquidaciones por estos conceptos de los ejercicios 2010-2013 por importe de unos 25 millones, pero que por ahora están suspendidas; así como otra por el 2014 por 633.000 euros y firmó en disconformidad una última por 194.000 euros por el ejercicio del 2015, según consta en la auditoría contable del 2016 de esta entidad.

En la misma auditoría se indica que cualquier importe que hubiera que pagar por estos conceptos "debería de ir acompañado de la correlativa compensación por parte de las Administraciones aportantes". En este caso se trata de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en virtud de los contratos-programa y los convenios firmados.

La cuestión es que, de mantenerse el criterio actual de Hacienda, no quedarán más opciones que prestar menos servicios, encarecerlos o que la Administración haga una mayor aportación con más impuestos por parte de los ciudadanos, afirma Antoni Duran-Sindreu, socio del despacho Duran-Sindreu.

NEGOCIACIONES

El PDECat y ERC trataron de introducir a través de una enmienda en los Presupuestos del Estado para este año medidas para limitar el impacto de este cambio de criterio del fisco, pero finalmente estos se han aprobado sin incluirla. En la actualidad existen negociaciones y tanto las formaciones citadas como el PSC y el PSOE buscan negociar cambios en la ley del IVA. 

Pero hay otra fórmula, que puede venir por parte de la Audiencia Nacional, a la que recurrió Garrigues después de que la Agencia Tributaria tomara la decisión de reclamar el IVA "de las subvenciones directamente vinculadas al precio", explica Daniel Valldosera, socio de este despacho en Barcelona. El dictamen de este tribunal "será decisivo", afirma.

En la Agencia Tributaria admiten que "la cuestión del IVA de las administraciones públicas es una materia antigua y cambiante" y centrada en la pretensión de estas es que este tipo de operaciones no lleven IVA. En el 2015 entró en vigor un cambio en la ley del IVA que permitía incluir en la base imponible del impuesto este tipo de subvenciones que, hasta entonces, no soportaban este gravamen.

SENTENCIA DEL TJUE

A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 2014  sobre una residencia geriátrica francesa, Le Rayon d'Or, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, hizo interpretaciones que asumió también la Agencia Tributaria a través de comunicaciones internas. Y todo ello difiere de la jurisprudencia nacional que, en general, no ha sido proclive a las tesis de la Administración.

Tras todo ello, la delegación especial de Hacienda en Catalunya empezó en julio del año pasado a enviar requerimientos a empresas de transporte, asegura Valldosera. Lo cierto es que la actuación del fisco supone un cambio de criterio al decidir que las subvenciones al déficit, que habían quedado excluidas, quedaran sujetas al IVA.

Aunque en algunos casos los ejercicios que se exigen son los cuatro últimos, también se exigen regularizaciones del 2015 en adelante. También puede resultar un problema para la administración que otorga las subvenciones, sea autonómica, provincial o local, ya que las entidades y empresas afectadas pueden reclamar en el futuro la parte que les ha exigido Hacienda.