Montoro ofrece a los funcionarios un alza salarial a 3 años ligada al PIB

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Rosa María Sánchez / Mercedes Jansa / Madrid

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a los representantes sindicales de la función pública un acuerdo de subida salarial a tres años, vinculada a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), que permita a los empleados públicos recuperar al menos una parte importante del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Montoro formuló esta propuesta la semana pasada a Josep María Álvarez (UGT), Unai Sordo (CCOO) y Miguel Borra (CSIF) , dentro de las reuniones previas a la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, el 22 de septiembre. Las fuentes sindicales consultadas han acogido favorablemente la propuesta inicial del ministro al coincidir con una vieja reivindicación sindical. Las centrales, en todo caso, esperan una concreción mayor que podría producirse en una reunión en los próximos días. 

Pérdida adquisitiva

Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT cifran la pérdida de poder adquisitivo acumumulada en los últimos años dentro de una horquilla que va desde el 12% al 20%. A la rebaja salarial del 5% dictada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010 le siguió la pérdida de una paga extraordinaria de navidad en el 2012 (recuperada en un 75% a través de dos plazos) y cuatro años de congelación salarial. Para el 2015, el 2016 y el 2017 se introdujo una subida del 1% para todos los empleados públicos, con la promesa del ministro Montoro de que el incremento sería superior para el 2018. Y esto es lo que ahora está sobre la mesa, pendiente de un acuerdo con los sindicatos de la función pública dentro de las negociaciones previas a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Hasta el 2010, los Presupuestos del Estado solían tomar como referencia para la subida salarial de los empleados públicos la inflación esperada y se adoptaba la tasa del 2%, en la medida en que esta es la referencia que sirve de guía para la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Después vinieron los años de los duros ajustes presupuestarios. En el 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la llamada Ley de Desindexación, que acabó definitivamente con el tradicional vínculo entre subida de los sueldos públicos e inflación prevista. En los tres últimos años se han sucedido modestas subidas salariales del 1%. Para el 2018, el ministro Montoro ya había anunciado una subida mayor que es la que ahora se encuentra en fase de negociación. 

Antecedente en el sector privado

Fuentes sindicales y oficiales han confirmado la existencia de una propuesta sobre la mesa para una subida salarial a tres años vinculada al PIB, adelantada por Europa Press, si bien no ha sido posible precisar cuál es la fórmula exacta que Hacienda quiere trasladar en la Mesa de la Función Pública. Ya existen referencias al PIB en la negociación salarial del sector privado. En estos casos, no se trata de que los salarios suban lo mismo que el PIB. Lo normal es acordar una subida salarial de partida y pactar que si la economía crece al final más de lo previsto en términos reales, esa subida salarial inicial pueda ser algo superior.

Si este es el modelo que sale adelante, Hacienda podría tomar como punto de partida una subida salarial entre el 1,5% y el 2% para el año próximo (la previsión de PIB es del 2,6%) , según las fuentes consultadas, y acordar que el incremento pudiera ser más elevado si la economía crece por encima de una tasa determinada. Desde el punto de vista de los sindicatos, este modelo debería servir para recuperar en los tres próximos años al menos una parte importante del poder adquisitivo perdido desde el 2010.

Dos millones y medio de empleados

La decisión de subida salarial que se incorpora en los Presupuestos Generales del Estado afecta no solo a los empleados públicos de la administración central, sino a los de todas las administraciones. Del total de algo más de 2,5 millones de activos en el sector público, la mayor parte, algo más de 1,3 millones, corresponde a la administración autonómica; algo más de medio millón, a la administración central; y otro tanto, a las corporaciones locales mientras que las universidades absorben algo más de 150.000 empleados.

Futuras prórrogas

El Gobierno acomete la negociación política de los Presupuestos del 2018 consciente de que su vigencia, muy probablemente, tendrá que ser prorrogada al 2019. El calendario electoral incluye comicios autonómicos y locales en el 2019 y el PP cuenta con que, bajo esta circunstancia, será prácticamente imposible lograr un nuevo pacto presupuestario el 2019.

El convencimiento de que los Presupuestos del 2018 serán prorrogados al 2019 lleva a Hacienda a acometer con cautela la adopción de compromisos, pues la validez de estos muy probablemente acabará siendo de dos años. "No podemos ahora tirar la casa por la ventana" ha dicho el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en los últimos días. “Alegrías sí, pero las justas”, remachó este sábado en Zaragoza, ya que lo contrario sería "pan para hoy y hambre para mañana". Con esta cautela, el ministro Montoro ultima la oferta salarial que podrá sobre la Mesa de la Función Pública en los próximos días. Por ahora, la única medida de estímulo que con toda seguridad incorporará el Presupuesto tiene que ver con la rebaja fiscal pactada con Ciudadanos en juliorebaja fiscal  pasado por la que los salarios de hasta 14.000 euros dejarán de tributar en el IRPF y esta bajará de forma significativa para las rentas de hasta 17.500 euros.

Tras el acuerdo político que permitió sacar adelante los Presupuestos del 2017, el presidente Rajoy ha expresado su confianza de poder reeditar el pacto con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN. Gracias a ellos ya fue posible sacar adelante la aprobación del techo de gasto para el 2018 en el Congreso de los Diputados, en julio.

Referencia para el 2017: Papel mojado

<span style="font-size: 1.6rem; line-height: 2.6rem;">La mención del Producto Interior Bruto (PIB) como referencia para determinar la evolución de los salarios se ha circunscrito hasta ahora al sector privado.  Apareció por primera vez en el acuerdo de negociación colectiva para los años 2012 a 2014 firmado por el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME.  Volvió a salir a relucir en el siguiente acuerdo 2015-2017, pero este año ha quedado en papel mojado. En ambos pactos la subida salarial siempre quedaba por debajo del crecimiento de  la economía.</span>