El Govern perderá 42 millones no gastados del plan de empleo juvenil europeo

El plan de empleo juvenil que puso en marcha la Unión Europea en el 2013 fue presentado a bombo y platillo como un salvavidas para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, los 'ninis'. Pero cuatro años después, cuando los estados tienen que justificar las subvenciones con los programas que han puesto en marcha, los 'hombres de negro' de la Comisión Europea se han llevado las manos a la cabeza. Literalmente. El montante que no se ha gastado en el primer plazo establecido en España será muy abultado a pesar del récord de paro juvenil. 

En el caso de la Generalitat, la cantidad de dinero procedente del Fondo Social Europeo que se perdería por no haberse ejecutado cuando tocaban las acciones del plan de garantía juvenil puede oscilar entre los 33 y los 42 millones de euros de los 75 que se habían planificado para gastar en ese periodo, según reconoce la 'consellera' de Treball, Dolors Bassa, en una respuesta por escrito publicada en el Boletín del Parlament a una pregunta formulada por el diputado del PSC Pol Gibert. 

La 'consellera' argumenta que la certificación planificada para el 2017, según la regla prevista en el plan de una primera fase de ejecución del 2014 al 2016, "será menor y por tanto el descompromiso puede oscilar entre 33 y 42 millones de euros, aunque hay que prever que en la fase de verificación los importes pueden reducirse y, consecuentemente, el descompromiso puede aumentar". 

PROBLEMAS EN TODAS LAS AUTONOMÍAS

Esta situación, según Treball, es todavía peor en la mayoría de las comunidades autónomas y en la parte del plan que gestiona directamente el Ministerio de Empleo, que llega al 50% de los fondos totales asignados a España, que ascieden a 2.360 millones. Del millón de 'ninis' que hay en España, hay inscritos en el plan unos 400.000. Ante el retraso en la puesta en marcha del plan por parte del Ejecutivo central y las dificultades en los primeros años, la Generalitat propuso en una reunión con el Fondo Social Europeo que Bruselas amplíe el plazo para ejecutar políticas activas de empleo para jóvenes hasta el 2017.   

La directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha indicado que la flexibilización de los plazos para que el Fondo Social Europeo tenga en cuenta también los programas para jóvenes finalizados durante el 2017 solventaría en buena parte el riesgo de pérdida de subvención. "Hemos tenido que trabajar a contracorriente porque el plan se puso en marcha muy tarde en España y las comunidades tuvieron que esperar hasta prácticamente el 2015 para tener los mecanismos necesarios", ha explicado Garau a este diario. 

De hecho, el grado de ejecución de las medidas previstas para buscar trabajo, formar u orientar a parados jóvenes alcanzó una media del 12,25% de lo presupuestado en España hasta el 2015.       

EL PSC PIDE EXPLICACIONES

El diputado socialista Pol Gibert ha avanzado la intención del grupo parlamentario socialista de pedir explicaciones a la Generalitat , a la que acusa de "presumir de acciones contra el paro juvenil con anuncios grandilocuentes que en realidad no se han llevado a cabo". Gibert también critica los escasos recursos propios destinados por el Govern a este plan, que en la primera fase recibía una subvención por parte de la Comisión Europea del 90% que va bajando en los siguientes ejercicios.

Sin embargo, Garau argumenta que precisamente uno de los problemas de implementación del plan ha sido que las comunidades autónomas tenían que avanzar una buena parte del dinero, a la espera de recibir la subvención europea, para financiar las acciones en un contexto en el que el Gobierno central ejercía un control férreo del déficit público de las cuentas públicas. Eso quiere decir que Catalunya y otras comunidades pueden ver como finalmente tienen que pagar de su propio bolsillo algunas de las acciones en marcha si Bruselas aplica a rajatabla los plazos de ejecución. 

Hasta febrero pasado, la Generalitat había gastado o asignado un total de 171 millones en programas del plan de garantía juvenil. El problema es que muchas de esas acciones todavía están en marcha y por tanto no computan como gasto ya ejecutado en las verificaciones de los inspectores del Fondo Social Europeo.

Hace unos meses, se aumentó la edad máxima para acogerse al plan de 24 años a 29 para intentar acelerar la ejecución de las medidas. La persistencia de las trabas burocráticas y financieras motivaron una rebelión autonómica en noviembre pasado para exigir cambios en el plan, que dieron pie a que desde diciembre se consideren como candidatos los jóvenes que esté un solo día en paro.