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Los más de 2.500 millones de euros de recortes previstos por la Generalitat este año no bastan. El ajuste deberá ser de entre 600 y 700 millones más después de que la Intervención General del Estado haya aumentado el déficit del 2010 del 3,86% al 4,2% del producto interior bruto (PIB) en su última revisión de las cuentas catalanas.

Andreu Mas-Colell.

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Información publicada en la página 27 de la sección de Economía de la edición impresa del día 20 de septiembre de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)

Eso significa que el desfase entre los gastos y los ingresos el año pasado no fue de 7.607 millones de euros como recogen los presupuestos de la Generalitat para el 2011 aprobados en julio pasado sino de más de 8.200 millones, según admiten fuentes del Govern y de grupos de la oposición.

Estas cifras se incluyen en el informe de auditoría encargado por el Ejecutivo catalán a Deloitte a través de un concurso convocado en junio pasado. Está previsto que el

Consell Executiu analice hoy el contenido de este estudio, que es «un análisis genérico» del estado de las finanzas catalanas. Luego se sumará a este un análisis más detallado por conselleries y empresas públicas, según fuentes del Govern.

El incremento del déficit se debe a que se ha tenido que incorporar la aportación que hizo el Ejecutivo catalán al Institut Català de Finances (ICF) y el modelo de financiación extrapresupuestaria de la línea 9 del Metro de Barcelona, según fuentes conocedoras del último informe de la intervención.

HASTA 4.000 MILLONES EN BONOS / La auditoría de Deloitte, que ganó el contrato valorado en 750.000 euros en julio pasado, ha desatado cierta polémica en el Govern. Mientras que desde Presidència se intenta utilizarla como arma política arrojadiza contra la herencia del tripartito, Economia prefiere no hacer ruido «ni tirar piedras en el propio tejado», según fuentes conocedoras de las disputas.

Y es que el departamento de Andreu Mas-Colell negocia con los bancos y cajas la renovación de los 3.000 millones de euros de la emisión que el anterior Ejecutivo lanzó el año pasado para particulares y que vence el 21 de noviembre.

La idea es proponer a los titulares renovar los bonos en plazos que podrían ser de uno, dos y tres años e intereses del 4,25%, 4,75% y 5,25%, respectivamente; aunque las condiciones no están cerradas, según fuentes de Economia. La evolución de los mercados, el encarecimiento de la deuda pública española y la nota de solvencia de las agencias pesarán en la decisión final. Fitch redujo la nota de solvencia de Catalunya y de otras cuatro autonomías la semana pasada. Antes lo habían hecho Moody's y Standard & Poor's.

En todo caso, aquellos titulares de bonos que opten por percibir el interés y el capital «no tendrán ningún problema», según ha dicho en alguna ocasión Mas-Colell. La colocación total podría ascender hasta los 4.000 millones de euros porque el Govern dispone de autorización del Estado para colocar hasta 794,24 millones de deuda nueva. El resto (3.000 millones) no precisaría ese permiso porque sería renovación de deuda ya existente.