El Govern obligará a los bancos a registrar sus viviendas vacías

El Govern de la Generalitat aprobó ayer un decreto ley mediante el cual se obligará a las entidades financieras -tanto bancos, como fondos de inversión propietarios de carteras de créditos hipotecarios- a registrar las viviendas vacías que tienen en Catalunya -no solo en los 72 municipios en los que existe demanda acreditada y ha servido de base para establecer el impuesto sobre pisos vacíos- como paso previo para poder aplicar la ley que gravará las viviendas no ocupadas del sector financiero, que aún está en tramite parlamentario.

La mala calidad de la información que han proporcionado las entidades financieras a la Generalitat sobre el parque de viviendas vacías en Catalunya ha originado la adopción de nuevas medidas para contar con los datos precisos, reconoció ayer el secretari de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala. La entidades financieras tendrán tres meses para comunicar el número de viviendas que tiene como consecuencia de ejecución hipotecaria o dación en pago, así como las viviendas que estén ocupadas para la persona que la ocupa carezca de registro oficial de propiedad. De hecho, tendrá la obligación de inscribirlos en el registro. No hacerlo será considerado como una falta grave que tendrá una sanción económica. El registro se extiende a los 947 municipios de Catalunya y no solo a los 72 con demanda acreditada.

DERECHO DE TANTEO

El decreto incluye el derecho de tanteo e retracto para la Generalitat en los casos en que las entidades financieras lleve a cabo ejecuciones hipotecarias. En esa situación, la Generalitat se propone comprar la vivienda antes de que esta sea vendida a un fondo de inversión. La Generalitat reconoce que los recursos disponibles son limitadas, pese a que podrá contra con seis millones de euros extraordinarios en el presupuesto de este año, Pero recuerda que el Ayuntamiento de Barcelona dispone de una partida de 24 millones para operaciones de este tipo. El decreto permite que la administraciones locales y las entidades del tercer sector puedan ejercer también ese derecho.

El decreto, que puede sufrir modificaciones en el trámite parlamentario, obligará a las entidades financieras a conseguir la cédula de habitabilidad de los pisos que queden vacíos por ejecución hipotecaria o dación en pago. Dispondrán de seis meses para realizar las obras de rehabilitación que sean oportunas. En caso contrato será penalizadas con una multa de entre 3.000 y 90.000 euros, en función del importe de las obras que tengan que llevarse a cabo. Esas viviendas serán expropiadas por un periodo de hasta 10 años.

El objetivo, según explicó Carles Sala es evitar la exclusión social residencial. No obstante, van un paso más allá de las actuaciones realizadas hasta ahora, que incluyen la aportación de ayudas a familias para que no perdieran su vivienda. El Govern realizará casi 41.000 actuaciones en el 2015, con una aportación superior a los 61 millones de euros empleados en el 2014.