Un mínimo de 200 millones de euros. En concreto, un total de 197,8 millones es la suma que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha invertido en las últimas tres décadas para paliar la salinización de las aguas del Llobregat y de su afluente el Cardener, abastecedores de agua al área metropolitana de Barcelona, para paliar el impacto de la actividad de las minas de potasa en la cuenca del Bages, según un informe del Estudio Ramon Folch & Associats.

Balsa de las minas de Sallent, en una foto aérea del 2009. XAVIER JUBIIERRE

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Información publicada en la página 24 de la sección de Economía de la edición impresa del día 01 de noviembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Esta explotación la realiza desde 1998 Iberpotash, fruto de la compra del Grupo Potasas por parte la multinacional israelí ICL Fertilizizers. Fuentes de la ACA no descartan que la suma de inversiones reparadoras por parte del sector público catalán sea incluso mayor, ya que incluye otras en las que ha participado Aigües Ter Llobregat (ATLL), como la desalinizadora del Llobregat, en cuya financiación, en todo caso participó también la Unión Europea (UE).

ATLL está a punto de ser adjudicada a uno de los dos consorcios que se presentaron al concurso abierto por la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, cuyo titular, Lluís Recoder, ha de emitir una resolución defintiva. Uno está encabezado por Aigües de Barcelona (Agbar) y otro por Acciona, que obtuvo más puntos en la fase de apertura de sobres. Además de los casi 1.000 millones de canon por la concesión de 50 años, el pliego de condiciones prevé unas inversiones de 130 a 140 millones a corto plazo por la concesionaria que en algún caso tienen que ver con medidas para paliar los efectos de la salinización, según fuentes de la ACA.

Iberpotash anunció hace unas semanas una inversión de 160 millones en una primera fase y otros 400 en una segunda en Súria (Bages) -el Proyecto Phoenix--. Un portavoz de Territori i Sostenibilitat afirmó que tras la inauguración de las obras de un túnel de 900 metros en las minas de Súria que suponen el inicio de los planes, está pendiente de recibir el proyecto de ampliación para aprobar el plan especial y la declaración de impacto medioambiental. «Del pasado no se puede solventar todo, pero desde que comenzó la legislatura tratamos de que se haga todo bien», explicó.

La dependencia de la comarca de la industria minera de Iberpotash es casi total. Los planes de futuro son los que despertaron recelos en el sector. La integración de una planta de sal -el residuo de la extracción de potasa- en el proyecto previsto es lo que movió a varias salineras españolas y europeas a encargar el informe al estudio de Ramon Folch. Iberpotash prevé producir en una primera fase una cantidad igual a la que se fabrica hoy en las salineras españolas.

ENCARGO DE LA COMPETENCIA / Iberpotash asegura que la compañía «lidera un proyecto de futuro y lamenta estos informes que favorecen unos intereses comerciales muy determinados». El análisis constata impactos medioambientales por la actividad minera y «apoya la tesis de una falta de medidas suficientes por la empresa extractiva, dentro del marco de su explotación, para mitigar y controlar estos impactos ambientales, tal y como obligan la legislación y los requerimientos de las autorizaciones ambientales por los que debe velar la administración».

El ahorro «por la falta de inversión ambiental puede situar a Iberpotash en una situación competitiva ventajosa». De hecho eso «podría generar un caso de dumping ambiental», se apunta en el estudio.

Las inversiones de la ACA son en parte responsables del déficit que esta arrastra. El Llobregat es un elemento esencial ya que abastece a la población e industria del área metropolitana de Barcelona. El informe revela que los índices de salinidad, tolerables río arriba, se triplican o cuadruplican una vez pasado el tramo de Cardona y Súria, donde están las minas, explica Frederic Ximeno, socio y director del estudio que ha hecho el análisis. El que fuera director general de Polítiques Ambientals con el tripartito admite que «es cierto que hay un nivel de salinidad natural en la zona, pero los escombros que se acumulan formando montañas en la zona lo elevan».

Entre las inversiones más recientes destaca la restauración de la escombrera (motañana de sal) de Vilafruns, la más pequeña del Bages y la primera en la que se ha hecho una actuación de este tipo. Las obras, 7,5 millones, las pagó la ACA y han reducido a la mitad los índices de salinidad en el área, según fuentes del organismo público.

Precisamente las elevadas inversiones necesarias con cargo al erario público para contrarrestar la salinización serían en parte responsables de que Barcelona sea de los lugares con el agua más cara, según los expertos. El informe constata que Iberpotash no ha cubierto «ni tan siquiera el 2,5% de los costes» de restauración de las zonas mineras como dice la normativa europea sobre garantías financieras. Según las memorias de ICL, se han consignado para las explotaciones de Iberpotash 15 millones. El estudio estima que debería ser de unos 100 millones.