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El Gobierno catalán ha anunciado a las entidades sociales que a causa de la escasez que viven sus arcas se ve obligado a aplazar dos meses los pagos a las residencias concertadas que cuidan a ancianos, discapacitados, drogodependientes y enfermos mentales. El departamento de Benestar Social i Família lo ha anunciado a los afectados. Fuentes de la conselleria han asegurado que se intentará que el retraso sea solo de un mes y que se ha tomado la decisión porque no había más remedio que dar prioridad a otras ayudas.

El Govern se ha escudado hoy en el problema de "liquidez generalizada" en Europa para argumentar la falta de pago. El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que "hay tensiones de liquidez en todas partes" y ha restado importancia a la decisión, que califica de "habitual", y sostiene que no se recorta al 100% sino atendiendo a cada colectivo. Son medidas "a corto plazo y estrictamente transitorias" ha afirmado. Repreguntado al respecto en dos ocasiones, el portavoz del Govern, Francesc Homs ha evitado dar más explicaciones.

Un recorte "impresentable"

La decisión ya ha generado críticas. La Taula del Tercer Sector, que reúne a 30 federaciones que a su vez representan a 4.000 entidades, ha calificado de "impresentable" el recorte. Su presidenta, Àngels Guiteras, ha reclamado de forma urgente mediante una carta al conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries, una mesa de negociación para hllar solución consensuada y evitar que la situación de las entidades y las personas que reciben los servicios se agrave.

Respecto a los riesgos de tensión en la cohesión social, advertidos la semana pasada por la asesora del Govern en política social y presidenta de las Entitats Catalanes d'Acció Social, Teresa Crespo, a raíz de los recortes de la Renta Mínima, Mas-Colell ha replicado a Crespo pidiendo que mida sus palabras: "Yo pediría prudencia a la hora de hacer manfiestaciones. Ya tenemos una situación bastante complicada para ir invocando peligros de explosiones o de lo que sea. Nuestros ciudadanos, el pueblo catalán, es consciente de la situación en la que estamos".

El ajuste en el sector sanitario

Ante las quejas del Colegio de Médicos respecto a los nuevos anuncios de recortes salariales por parte del Govern, calificadas de inasumibles por parte de Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos, el portavoz del Govern, Francesc Homs ha evitado valorar estas críticas. Homs ha optado por dejar el conflicto en manos de la negociación que se producirá al respecto en el seno del Institut Català de la Salut.

Por otra parte, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha afirmado que espera que el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el Govern, esté ratificada antes de final de año por el Parlament. La normativa tendrá "como valor añadido" el aval de la cámara catalana, no solo las recomendaciones europeas, ha añadido. A su vez, ha reiterado que el Ejecutivo catalán está “firmemente comprometido” con la estabilidad presupuestaria.

Pese a discrepar de la forma en la que se ha realizado la reforma constitucional que consagra el equilibrio de las cuentas públicas por parte del PP y del PSOE, el conseller asegura que no “existe ningún desacuerdo sobre su contenido”.

Déficit del 0,14% del PIB 

También considera que no está "en absoluto en contradicción" con la Carta Magna, a pesar de que este principio será objeto de una futura ley orgánica. El texto impone alcanzar un déficit estructural del 0,14% del producto interior bruto (PIB), lo que equivale al equilibrio de cuentas, en el 2018, dos años antes que la reforma constitucional, como ya adelantó este diario.

A su vez, la normativa de estabilidad presupuestaria blinda el pago de capital e intereses de la deuda , al considerar que “tiene carácter prioritario sobre cualquier otra partida de gasto”. El texto, además prevé la creación de una cuenta de reserva destinada a reducir endeudamiento con los excedentes procedentes de ingresos presupuestarios superen lo previsto.

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