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La Generalitat de Catalunya no quiere que los ayuntamientos gestionen el registro de solicitantes de viviendas de protección oficial (VPO), mediante el cual se aplica el mecanismo de adjudicación de los pisos sociales. El Govern pretende que sea los promotores quienes se hagan cargo de la gestión de las listas, y que ese registro se mantenga tan solo a título estadístico.

El secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha comunicado recientemente a los integrantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios (APCE) que esta será una de las primeras modificaciones en la política de vivienda que el Govern quiere llevar a cabo "inmediatamente". Previsiblemente dentro de este mismo año se modificará el procedimiento establecido en la ley 18/2007 del derecho a la vivienda. "Es nuestra voluntad conseguir que el promotor, público y/o privado sea quien diseñe y sea quien dirija un procedimiento de adjudicación, lo más simple posible para todas las viviendas de promoción", señaló el secretario en un encuentro con el sector privado.

En las próximas semanas el Departament de Territori i Sostenibilitat, del que depende la política de vivienda, dará a conocer el nuevo funcionamiento así como los cambios legislativos, con los que pretende "aportar sentido común a la hora de reconocer por parte de la Administración lo que funciona y lo que no", según explicó Sala.

El registro, pese a ser un instrumento relativamente reciente, cuenta ya con 90.000 personas inscritas que solicitan una vivienda protegida. Es indispensable figurar en esa base de datos para optar a un piso protegido. Los promotores pueden adjudicar un 30% de los pisos de VPO que construyen. Pero el 70% restante debe concederse mediante un sorteo que gestionan los ayuntamientos o directamente la Generalitat. En los grandes municipios, como Barcelona, Sabadell y Terrassa, se encarga el consistorio de gestionar el fichero de solicitantes, mientras que muchos pequeños consistorios lo han cedido al propio Registre de Sol.licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, que se encarga de la adjudicación.

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