El Govern busca 400 millones para pagar la extra a los funcionarios

Una de las protesta de empleados públicos en contra de los recortes, en Barcelona en el 2012.

Una de las protesta de empleados públicos en contra de los recortes, en Barcelona en el 2012.

ANTONI FUENTES / BARCELONA

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Los empleados públicos de la Generalitat pueden ver cómo mejora su situación laboral a partir del 2015 después de haber batido el récord de recortes en la función pública en toda España. El Govern formalizó en la mesa de negociación con los sindicatos su «compromiso político» de poner fin, en el 2015, a un largo periodo coyuntural de tres años con una paga extra eliminada, que equivale a un recorte salarial medio del 7%. Para cumplir este compromiso esbozado en las semanas previas por el president Artur Mas y el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, el Ejecutivo autonómico está buscando los mecanismos técnicos necesarios para contar el año que viene con una partida económica situada entre 400 y 500 millones de euros.

El abono a partir del 2015 de la paga extra suprimida del 2012 al 2014 para los más de 200.000 empleados públicos de la Generalitat supondrá una factura que se situará entre 380 y 400 millones de euros. A esa cantidad hay que sumar otros 20 millones para dejar de aplicar a los trabajadores interinos una rebaja del 15% de sueldo y de jornada que se añadió al efecto de la supresión de paga extra, lo que convirtió este colectivo en el más golpeado por los recortes aprobados por el Govern de CiU.

DOS ESCENARIOS / El compromiso manifestado por los representantes de los departamentos de Governació y Economia en la reunión de la mesa de la función pública incluye la recuperación de la paga extra y la vuelta a la normalidad de los interinos, según confirmaron fuentes de la conselleria que dirige la vicepresidenta Joana Ortega.

Para ello trabajan con dos escenarios posibles: la inclusión de estas medidas en un nuevo Presupuesto para el 2015 o bien la modificación de las cuentas del 2014 si finalmente se prorrogan el año próximo. Los sindicatos acudieron a la reunión con la Generalitat con la ley presupuestaria en la mano para instar al Govern a que acelere la concreción a su compromiso. «Si hay voluntad política es posible encontrar las vías para volver a pagar los conceptos salariales que fueron suprimidos temporalmente hace tres años», aseguró Xavier Casas, responsable de UGT en la Generalitat.

En el escenario más complicado de una prórroga presupuestaria, el Parlament tendría que aprobar una propuesta del Govern de crédito extraordinario o un suplemento de crédito para consignar en las cuentas la cantidad necesaria. El problema puede venir si, como apuntan algunas fuentes de la Generalitat, sería necesario pedir autorización al Ejecutivo central para incrementar el techo de déficit público.

AMPLIA MAYORÍA EN EL PARLAMENT / Para allanar el camino, los sindicatos han logrado en las últimas semanas el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria para dar el visto bueno a las medidas necesarias para revertir algunos de los recortes de los últimos años. «No hay nada imposible si existen suficientes votos a favor de las medidas en el Parlament», indicó Xesús González, coordinador del área pública de CCOO.

Los sindicatos también reclaman otras medidas adicionales para reducir la bolsa de atrasos generada durante tres años de eliminación de la paga extra. Una de ellas es que reconozcan el abono de una parte de la paga del 2012 que algunos tribunales ya han dicho que se recortó de forma indebida, lo que generaría un coste adicional de unos 80 millones.

Además, las centrales sindicales instan al Govern a cumplir lo que establecen los Presupuestos de este ejercicio, que condicionaban la devolución de la extra a los nuevos ingresos por la tasa bancaria. El Govern informó ayer de que los ingresos potenciales por este concepto ascienden a 780 millones, 40 más de lo previsto, aunque en la caja solo se han ingresado 2,7. El resto son solo avales bancarios a la espera de una sentencia en firme que resuelva los recursos presentados por las entidades financieras. «Queremos un compromiso por escrito de reconocimiento del pago en el momento en que se disponga de esos ingresos», explicó Casas.