El Govern promueve denunciar a España por la tarifa eléctrica vasca

El Govern ha decidido iniciar una batalla contra la tarifa eléctrica que beneficia especialmente a las industrias vascas, pero lo hará desde la retaguardia. La Vicepresidència y Conselleria de Economia considera que existen argumentos suficientes para denunciar ante la Comisión Europea al Reino de España por ayudas de Estado y se ha ofrecido a las distintas patronales para asesorarles y ayudarles a iniciar el procedimiento ante las autoridades comunitarias.

La dirección de Promoción Económica, al frente de la que está Albert Castellanos, elaboró un informe, a petición del Síndic de Greuges, en el que se recomendaba iniciar un procedimiento contra el tercer punto del acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV, ya que se trata de "una reducción que no está justificada en términos de costes" y que como consecuencia supondrá más cargas en los Presupuestos del Estado del 2018 o un aumento de tarifas para el resto de consumidores. Se trata, en todo caso, de "un derecho que no debería ser objeto de negociación política", según el secretario de Economia, Pere Aragonès.

El 43,3% menos

Gracias al cambio, desaparece la tarifa 6.1B de tensiones entre 30 y 36 kilovoltios (KV), en la que estaba la industria vasca; y pasan a la nueva 6.2 (de 30 a 72,5 KV), que supondrá una rebaja del 43,3% respecto a la que tienen las empresas catalanas y de otras autonomías (que signe en el tramo de uno a 30 KV).

El anterior 'conseller' de Empresa, Jordi Baiget, ya reclamó por carta al ministro de Energía, Álvaro NadalÁlvaro Nadal, que evitara esta discriminación. Aragonès afirma que, en el actual clima político, se ve difícil lograr un acuerdo para solventar el problema. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya cuestionó la diferenciación tarifaria que se estableció en el 2013 de acuewrdo con el PNV y, en especial, que lo hiciera el antiguo ministerio de Industria. 

Ventaja y distorsión de la competencia

Economia concluye que es una ayuda de Estado porque tendrá impacto presupuestario que, según Aragonès, el propio ministro estimó en 50 millones. A su vez es una medida "selectiva, proporciona una ventaja económica, distorsiona la competencia" y tiene "efectos en el comercio entre estados miembros". El informe del Govern recoge el caso en el que la Comisión Europea consideró ayuda pública una tarifa baja que el Gobierno italiano otorgó a tres empresas de la isla de Cerdeña.

Varias patronales

El Govern podría haberse personado como «parte interesada», como hizo en la privatización de Aena, y no lo descarta. Pero ha optado por apoyar a los afectados, como hizo con la patronal Cecot, que recurrió contra el almacén Castor. En esta ocasión es esta patronal la que lleva la voz cantante, pero también Pimec, que estima que las firmas catalanas soportarán un sobrecoste de 200 millones anuales. También han manifestado su protesta la Federació Empresarial del Metall,  la Federació d’Organitzacions d’Empresaris de Girona, la Confederación de la Industria Textil y la Unió Patronal Metal.lúrgica.

Según el informe, la medida tarifaria deja fuera de las ventajas de precio a 3.277 empresas en Catalunya, "el 72% de las perjudicadas", según Castellanos. Pero también a 365 empresas de Extremadura o 290 de Aragón, entre otras. En cambio beneficia al 100% de las vascas, al 100% de las navarras, de las castellano-leonesas, de las cántabras y de las asturianas y al 37% de las andaluzas.

La diferencia de tensión por territorios responde a cuestiones históricas de electrificación. En Catalunya, con la compañía Fecsa, se hizo con 25 KV, mientras que en el País Vasco, con Iberduero, se hizo con 35 KV.