El Govern admite que necesita fondos "con urgencia"

El Govern necesita fondos "con urgencia". Así lo reconoce en el decreto ley que transfiere competencias de saneamiento al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que publica hoy el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). De hecho vincula el cobro de unos 800 millones de euros por esta operación, aprobada por el Ejecutivo catalán el martes pasado y que requiere negociar un convenio entre la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y el AMB, a  poder pagar gastos "con una fuerte incidencia social, como los de carácter sanitario, social o los ligados a la función pública". La alternativa serian nuevos recortes, añade.

La necesidad de acelerar las complejas negociaciones entre las distintas partes implicadas en este proceso, entre ellas el sector financiero, para poder ingresar los 800 millones antes de que acabe el año ha hecho que el Ejecutivo catalán recurra a la "facultad legislativa excepcional del decreto ley". Para poder negociar y conseguir que la Generalitat pueda reducir el déficit en la cantidad prevista y contar, a su vez, con los 800 millones de tesorería es preciso tener aprobada la norma que transfiere competencias al AMB, que a su vez traspasará a la sociedad mixta que controla Aigües de Barcelona (Agbar) con un 85%; y  a la que prevé la asimismo cederle un porcentaje del canon del agua que se recauda en el territorio metropolitano por un periodo de unos 30 años.

Esta operación ha sido criticada por entidades como Aigua és Vida, que considera que la Generalitat "privatiza el canon del agua" y deja "inviable" la ACA, a la que quita una buen aparte de su principal fuente de financiación. La ACA ingresa unos 400 millones al año, de los que unos 150 provienen del área metropolitana de Barcelona.  

En el decreto ley, la Generalitat asegura que ha optado por acelerar esta operación al ser "la única alternativa viable" a "una primera opción" que consistía en ceder en gestión la red de depuradoras de Catalunya y que hubiera generado un ingreso de "importe más elevado". El problema es que muchas de las más de 450 instalaciones afectadas no son propiedad de la Administración catalana y otras muchas están ya cedidas en gestión. En todo caso, el Govern considera que "sería posible" trasladar el modelo que se aplicará con el AMB "a otros ámbitos territoriales catalanes".

Con estos trámites, el Govern aprieta el acelerador porque el tiempo apremia para conseguir los más de 2.300 millones de euros previstos en los Presupuestos de este año en ingresos extraordinarios. Hasta la actualidad, apenas ha recaudado más de 60 millones en la venta de inmuebles, con las que espera llegar a 300 millones. A ello habrá que sumar los 800 millones previstos con esta última operación. Aún así todavía se quedará a medio camino de la suma total prevista.