González destituye a Pablo Abejas como director general de Economía por las 'tarjetas b' de Caja Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha destituido al director general de Economía, Pablo Abejas, con motivo del caso de las tarjetas "opacas" empleadas por directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha instado además al patronato de la Fundación Caja Madrid a que su actual presidenta, Carmen Cafranga, abandone el ejercicio de su cargo, ya que al no ser un nombramiento directo el Ejecutivo no la podía cesar.

A primera hora de la tarde, Cafranga ha remitido un comunicado personal en el que anuncia su dimisión del cargo y se compromete a "hacer voluntariamente las reparaciones a las que hubiere lugar". Cafranga, que dice tener la "firme convicción de haber actuado siempre con plena legalidad", habría sido beneficiaria del uso de tarjetas de crédito "opacas" con las que dispuso gastos por importe de 175.200 euros.

La expresidenta de la Fundación Caja Madrid ha indicado que "no existe respecto de mi persona ni de la Fundación imputación judicial de ningún tipo como tampoco existe acusación por esta cuestión de las tarjetas de empresa contra los Consejeros y cargos electos de Caja Madrid". Pese a todo, Cafranga ha resaltado que "no obstante, con el fin de despejar toda sospecha de instrumentalización de la Fundación en mi favor, dejo la presidencia".

La decisión del cese de Abejas y la dimisión de Cafranga han sido forzados por el Gobierno regional después de que los nombres de ambos hayan aparecido en la lista de 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- que se beneficiaron de estas tarjetas.

Victoria ha dicho que desconocía "absolutamente" la existencia de esas tarjetas, y ha remarcado que la Comunidad de Madrid "carece de ninguna competencia" sobre la supervisión financiera de Bankia o de Caja Madrid, competencias que corresponden al Ministerio de Hacienda o al Banco de España, ha añadido.

DEVOLVER LAS CANTIDADES

Aunque ha dicho respetar el derecho a la defensa de los usuarios de estas tarjetas, ha subrayado que deberán justificar "su buen uso y su adecuado destino a los gastos de representación a los que estaban ligadas", y en el caso de que no puedan justificarlos, ha considerado que deberían proceder a "la devolución de las cantidades y a la asunción de las responsabilidades que correspondan".

Salvador Victoria no ha querido opinar sobre las medidas que deben tomar el resto de partidos políticos o sindicatos que cuentan con consejeros en Bankia que aparecen en el listado de beneficiaros de estas tarjetas opacas, medidas que corresponde decidir a los titulares de las mismas y a los organismos o partidos a los que pertenecen.

"El resto de instancias u organismos tendrán que dar explicaciones de lo que hacen o no hacen", ha añadido, antes de repetir que la Comunidad de Madrid ignora "cualquier asunto" vinculado a esta cuestión puesto que "carece de competencias y de supervisión" en la materia.

ACUSACIÓN PARTICULAR

Unión, Progreso y Democracia (UPD) pedirá la imputación de los 86 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las 'tarjetas fantasma' que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el traslado a las partes personadas en el 'caso Bankia' del CD en el que se detallan los movimientos personales que realizaron, que supusieron un coste de 15,2 millones de euros entre el 2003 y el 2012.

El abogado de la formación, Andrés Herzog, ha asegurado a Europa Press que UPD, que ejerce la acusación popular en la causa, presentará mañana, viernes, un escrito en la Audiencia Nacional solicitando que los exdirectivos sean imputados por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y fraude fiscal, y que la Fundación Caja Madrid se persone en la causa como perjudicado.

BANCO DE ESPAÑA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha preguntado al Banco de España si conocía las 'tarjetas fantasma' que tenían los 86 consejeros de Caja Madrid y Bankia que la fiscalía ha pedido investigar y le ha pedido que analice estas prácticas en el marco del informe pericial que están realizando para determinar si los exdirectivos de la entidad pudieron cometer un delito de administración desleal, informaron fuentes jurídicas.