El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Código Penal para endurecer determinados delitos de naturaleza económica, entre ellos el de tipo fiscal, el fraude laboral y el uso indebido de fondos públicos.

La reforma eleva hasta seis años la pena por el delito fiscal, y de 5 a 10 años la prescripción del mismo, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría. El texto prevé que durante la tramitación del delito y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes .

Sáenz de Santamaría ha indicado que con ello se pretende evitar que en la tramitación haya casos, "por desgracia muy frecuentes", de desapoderamiento o de alzamientos de bienes por parte del deudor tributario que se beneficia de esa tramitación para vender sus bienes y evitar futuros cobros por parte de Hacienda.

Regulación de las subvenciones

En cuanto al fraude laboral, la vicepresidenta ha subrayado que se produce una minoración de las cantidades del límite para proceder por delito, "lo que permitirá tener más posibilidades para luchar contra ese fraude y la economía sumergida".

Asimismo, se introduce una una nueva regulación en el fraude por subvenciones, especialmente en las prestaciones de la Seguridad Social y de desempleo y, según el Gobierno, se mejora la regulación de aquellos supuestos que afectan a derechos contra trabajadores en contrataciones que no cumplen las obligaciones laborales.

El castigo para los malos gestores

En el paquete de cambios se introduce también un endurecimiento de las penas para los gestores públicos que hagan un uso indebido del dinero público, con una inhabilitación de hasta diez años, tal como establecía la ley de transparencia y buen gobierno aprobada por el Consejo de Ministros recientemente.

Los cambios legales se remitirán al Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que hagan los informes oportunos.